El Gobierno nacional eliminó formalmente el fondo del programa de vivienda Pro.Cre.Ar y delegó la administración de los créditos al Banco Hipotecario.
Política 09 de junio de 2025
LORENA ACOSTA
El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), una de las iniciativas más emblemáticas en materia habitacional de los últimos años. La medida fue formalizada mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes 9 de junio en el Boletín Oficial, dando cumplimiento al Decreto 1018/2024 firmado en noviembre pasado.
Con esta resolución, se delega la administración de los créditos ya otorgados al Banco Hipotecario S.A., que continuará gestionándolos bajo las mismas condiciones contractuales fijadas en 2012, cuando se creó el fideicomiso. Sin embargo, el programa como tal deja de existir, en línea con la política de reducción del Estado impulsada por el actual Gobierno nacional.
El Ejecutivo justificó la decisión argumentando que el programa representaba “una pesada carga para las cuentas públicas” y presentaba serias fallas administrativas y de control, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Entre las principales observaciones, se destaca la demora en la entrega de viviendas, problemas de habitabilidad, convenios incumplidos y falta de eficiencia en la gestión.
Además, se faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial para tomar decisiones sobre los activos del fondo, como ordenar la venta de créditos con bajo rendimiento o transferir inmuebles a organismos públicos. Aquellos inmuebles no afectados a obras activas pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las causas judiciales originadas en el marco del programa serán absorbidas por el Ministerio de Economía, que definirá qué dependencia legal las continuará.
La medida se enmarca en la Ley N° 27.742, que autoriza al Ejecutivo a modificar, unificar o eliminar fondos fiduciarios públicos como parte del plan de reestructuración estatal, con el objetivo de optimizar el gasto público y transparentar la gestión estatal.
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