El gobernador propone tomar mil millones de dólares de deuda externa para obras estratégicas, en medio de críticas por falta de transparencia y el complejo escenario económico provincial.
Editoriales25 de mayo de 2025
Oscar A Canavese
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la Legislatura un proyecto para autorizar la toma de deuda externa por mil millones de dólares, en lo que sería el mayor endeudamiento público provincial registrado hasta el momento. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Economía que conduce Pablo Olivares, fue girada al Senado y se espera su aprobación antes de julio, con el objetivo de colocar bonos en mercados internacionales sin el respaldo de coparticipación federal.
El gobierno provincial fundamenta la medida en la necesidad de financiar obras de infraestructura como el Hospital Regional Sur, nuevos gasoductos, el Acueducto Gran Rosario y mejoras eléctricas para polos industriales. Sin embargo, el articulado del proyecto no especifica las obras a ejecutar ni sus montos asignados, lo que ha generado reparos tanto en la oposición como en sectores aliados del oficialismo.
El debate se da en un contexto de fuerte deterioro fiscal, con un déficit de 40 mil millones de pesos al cierre del primer cuatrimestre y una caída significativa en la recaudación provincial. Además, la relación institucional entre la provincia y el gobierno nacional se encuentra tensionada, aunque la administración local confía en contar con el aval de Nación para el endeudamiento.
Desde la Legislatura, referentes como el diputado nacional Roberto Mirabella y el senador Armando Traferri advirtieron sobre la necesidad de priorizar obras fundamentales y garantizar controles sobre el destino de los fondos, antes de asumir nuevos compromisos financieros.
El proyecto también contempla la recompra de bonos emitidos en 2016 durante la gestión Lifschitz, buscando canjearlos por el nuevo instrumento y reducir el stock de deuda vigente.
La iniciativa, su alcance y el impacto a futuro generan interrogantes sobre la sustentabilidad financiera y la transparencia en la toma de decisiones que marcarán el rumbo de la provincia.
Oscar Andrés Canavese
La reforma constitucional de Santa Fe ha entrado en una zona de definición que trasciende los números. La disputa por la banca número 69 —la última del distrito único— mantiene en vilo a oficialismo y oposición, y revela con crudeza hasta qué punto el equilibrio de poder puede depender de una sola silla.
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La reforma de la Constitución de Santa Fe se ha convertido en uno de los debates más trascendentales del escenario político provincial. La posibilidad de modificar las reglas de juego para permitir la reelección del gobernador ha encendido las discusiones tanto dentro del oficialismo como en la oposición. Mientras el actual mandatario, Maximiliano Pullaro, impulsa la opción de acceder a un segundo mandato consecutivo, otros sectores advierten que cualquier modificación debe regir a partir de 2027, excluyendo al actual gobernador de la ecuación.
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