Oscar A CanaveseEn política, los números nunca son fríos. Detrás de cada estadística se esconden rostros, historias y realidades que terminan marcando el pulso de una sociedad. El último informe del Grupo MATE sobre el ajuste fiscal en Santa Fe es, en ese sentido, un espejo incómodo: muestra que el gobierno de Maximiliano Pullaro no solo achicó el gasto para equilibrar cuentas, sino que fue más allá, aplicando un ajuste “de más”.
¿Era necesario semejante rigor?
La respuesta técnica parece unánime: no. La provincia podría haber alcanzado equilibrio sin llegar al nivel de poda que hoy vemos reflejado en salarios estatales por el piso, jubilaciones debilitadas y un entramado productivo con más de 1.800 empresas cerradas en apenas año y medio. Ese excedente de austeridad, presentado como “orden fiscal”, tiene un correlato político que todavía no termina de dimensionarse: el costo social de desfinanciar a los trabajadores y jubilados.
El contraste es brutal. Mientras la Casa Gris levanta la bandera de la “responsabilidad” y la “seriedad” de la administración, los gremios hablan de un “perverso ajuste” y los números muestran la magnitud de la pérdida: cada trabajador estatal resignó en promedio 6,2 millones de pesos desde el inicio de la gestión, y las jubilaciones representan hoy apenas 16 de cada 100 pesos del presupuesto, el nivel más bajo en 15 años.
El debate, entonces, no es solo económico: es profundamente político.
¿Qué sentido tiene exhibir prolijidad en las planillas si a cambio se profundiza el malestar social? ¿Qué valor tiene un superávit fiscal cuando el déficit se traslada a las familias, al bolsillo de los trabajadores, a la incertidumbre de los jubilados?
El gobierno provincial apuesta a que el ordenamiento sea su carta de triunfo. Pero la experiencia histórica enseña otra cosa: los ajustes prolongados erosionan legitimidades más rápido de lo que las estadísticas pueden exhibir mejoras. Y ese es, quizás, el verdadero riesgo que se empieza a incubar en Santa Fe.
No se trata de negar la importancia de cuidar las cuentas públicas. Se trata de reconocer que el equilibrio sin justicia social es apenas una ilusión contable. La política, en su esencia, debería ser el arte de mejorar la vida de la gente, no de cuadrar balances a cualquier precio.
El informe de MATE deja planteado un dilema central: ajustar de más puede ser una victoria técnica, pero es, sin dudas, una derrota política y social. Y en tiempos de crisis, la factura de esa derrota siempre llega.
