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La justicia dijo que el método se utilizaría en 20 prisiones y que puede conducir a una reducción del 60% en la reincidencia
Internacionales22/05/2025
LORENA ACOSTA

El gobierno británico implementará el uso de medicamentos para suprimir el deseo sexual de los delincuentes sexuales, como parte de un paquete de medidas para reducir el riesgo de reincidencia y aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, que se está quedando sin espacio.
En una declaración al Parlamento el jueves tras la publicación de una revisión de sentencia independiente, la Secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, dijo que la llamada castración química se utilizaría en 20 prisiones en dos regiones.
“Estoy explorando si es posible imponer este enfoque”, dijo. “Por supuesto, es vital que este enfoque se implemente junto con intervenciones psicológicas que aborden otras causas de la delincuencia, como la afirmación del poder y el control”.
Aunque la revisión destacó que el tratamiento no sería relevante para algunos delincuentes sexuales, como los violadores motivados por el poder y el control, en lugar de la preocupación sexual, Mahmood dijo que los estudios muestran que la castración química puede conducir a una reducción del 60% en la reincidencia.
Se ha utilizado en Alemania y Dinamarca de forma voluntaria, y en Polonia de forma obligatoria para algunos infractores.
La recomendación formó parte de una revisión exhaustiva dirigida por el exsecretario de Justicia, David Gauke. Además de buscar maneras de reducir la reincidencia, Gauke recomendó reformas para modernizar el sistema penitenciario, que está prácticamente al límite de su capacidad.
Una de las primeras medidas que Mahmood tomó como ministra de Justicia tras el regreso del Partido Laborista al poder tras 14 años en julio pasado fue aprobar un programa de liberación anticipada de presos para liberar espacio. Afirma que no quiere repetirlo, por lo que puso en marcha la revisión y nombró a un predecesor conservador para supervisarla.
La revisión recomendó que los delincuentes pudieran ser liberados de prisión antes de lo habitual, y que los jueces tuvieran mayor flexibilidad para imponer sanciones como la prohibición de conducir. También recomendó que se eliminaran las condenas inferiores a 12 meses, salvo en circunstancias excepcionales como los casos de violencia doméstica.
También pidió la deportación inmediata de los extranjeros condenados a una condena de tres años o menos.
El estudio solicitó una mayor inversión en el servicio de libertad condicional para permitir que los oficiales pasen más tiempo con los infractores para su rehabilitación y fondos adicionales para las decenas de miles de infractores más que están siendo etiquetados electrónicamente en la comunidad.
Mahmood respondió otorgando 700 millones de libras (930 millones de dólares) al año para libertad condicional dentro de unos años.
“Si el gobierno no destina los recursos necesarios a la libertad condicional, el riesgo es que no avancemos en la rehabilitación que necesitamos y habrá una reacción pública en contra”, dijo Gauke.
La población carcelaria en Inglaterra y Gales se ha duplicado en los últimos 30 años, aproximadamente, hasta alcanzar casi 90.000 reclusos. Esto ocurre a pesar de la disminución de la delincuencia y se debe en parte a que se están imponiendo condenas más largas ante la presión para combatir la delincuencia.
Robert Jenrick, portavoz de justicia del Partido Conservador, se opuso rotundamente a las propuestas y advirtió que eliminar las sentencias cortas equivaldría a despenalizar delitos como el robo, el hurto y la agresión. Y las etiquetas, afirmó, son tan útiles como los detectores de humo que apagan incendios para prevenir la reincidencia.
Además de aceptar cualquier cambio, el gobierno ha dicho que se embarcará en un gran programa de construcción de prisiones, en parte para reemplazar algunas que se han utilizado desde la época victoriana a fines del siglo XIX.

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