LORENA ACOSTA
El oficial de la Policía Federal Cristian Rivaldi presentó una extensa defensa ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano, en la causa que lo investiga por las lesiones que sufrió Fabrizia, una niña de 10 años, durante una protesta a favor de los jubilados ocurrida el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.
Rivaldi sostuvo que fue “imputado injustamente” y negó haber tenido contacto visual o conocimiento de la presencia de una menor en el lugar. “Jamás vi a una menor entre los manifestantes. Si la hubiese visto, habría actuado de inmediato para resguardarla”, declaró.
El agente también remarcó que su accionar fue consecuencia directa de órdenes impartidas desde el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, a través del sistema de radio trunking. “Se nos ordenó avanzar y dispersar a los revoltosos. Actué conforme a los protocolos vigentes, sin excederme y sin recibir órdenes ilegales”, afirmó.
En su escrito, el uniformado incluso deslizó que podría haber sido otra persona, entre los manifestantes, la responsable de haber arrojado gas pimienta, y cuestionó que no se haya investigado a ese supuesto civil.
En un pasaje polémico de su defensa, Rivaldi apuntó contra la madre de la niña por haberla llevado a una protesta que, según él, “no era pacífica”. Citando normativa del derecho civil, el agente argumentó que la responsabilidad de proteger a la menor recaía exclusivamente en ella.
El policía pidió ser sobreseído. En caso de que la causa avance, solicitó que se incorporen pruebas periciales sobre imágenes del momento, así como declaraciones testimoniales que respalden su versión de los hechos.
La investigación judicial continúa, y aún no se definió si la causa avanzará a juicio o si se tomará la solicitud de sobreseimiento del acusado.
