
Gracias a una estrategia integral de prevención y vacunación, la provincia logró reducir drásticamente los contagios en comparación con la temporada anterior. Rosario sigue en fase de brote, pero otras localidades ya están en recuperación.
Una nueva encuesta nacional reveló datos alarmantes sobre la situación de los inquilinos en Argentina. En Santa Fe, las cifras reflejan una realidad que golpea con fuerza: pagar un alquiler insume entre el 40% y el 50% del ingreso mensual.
Santa Fe07 de abril de 2025La última Encuesta Nacional Inquilina reveló cifras que encendieron las alarmas en todo el país: cinco de cada diez inquilinos destinan el 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Uno de cada tres tuvo que mudarse debido a los altos costos que implica renovar contrato. La provincia de Santa Fe no es la excepción a esta tendencia.
Pedro Peralta, referente santafesino de la Federación de Inquilinos, dialogó con UNO Santa Fe y sostuvo que “los números que arrojó la encuesta nacional reflejan lo que ya se vive en las grandes ciudades de nuestra provincia. Los índices son muy similares”.
El dirigente detalló que “un inquilino promedio gasta entre el 40% y el 50% de su sueldo en alquiler. Y a eso se le suman ajustes trimestrales o cuatrimestrales que disparan el valor final del contrato a cifras exorbitantes, inalcanzables para muchos trabajadores”.
La situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta que el mercado inmobiliario no cuenta con una regulación efectiva que frene los aumentos abruptos, y que el acceso a la vivienda propia sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias.
En este escenario, muchos inquilinos se ven forzados a dejar sus hogares y buscar alternativas más económicas, lo que conlleva un costo emocional y logístico elevado. “Estamos viendo mudanzas frecuentes y contratos muy cortos. Es una situación de inestabilidad permanente”, concluyó Peralta.
Desde la Federación de Inquilinos insisten en la necesidad de políticas públicas que protejan el derecho a la vivienda, con medidas concretas como un índice de actualización más justo, mayor control estatal y un rol más activo del Estado en el mercado del alquiler.
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