LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional prepara la publicación de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que planea derogar más de 40 leyes vigentes y eliminar, fusionar o transformar cerca de 55 organismos estatales. La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya fue elevada a la Secretaría Legal y Técnica, y se espera que sea publicada en el Boletín Oficial antes de mediados de abril.
Desde la Casa Rosada han apodado la medida como el “decreto hojarasca”, en alusión a que las normativas a ser derogadas han perdido aplicación práctica con el paso del tiempo y han quedado obsoletas frente a los nuevos desafíos burocráticos y tecnológicos.
Entre las leyes apuntadas se encuentran disposiciones como el uso obligatorio de microfilm en dependencias estatales para el almacenamiento de documentación, o la existencia del carnet de mochilero, una credencial que debía portar quien solicitara ayuda de terceros para acampar y desplazarse por el país.
Asimismo, el DNU contempla la derogación de normas sanitarias históricas, como aquellas vinculadas a la prevención de la viruela, que si bien fueron clave en otra época, hoy no tienen vigencia epidemiológica ni operativa.
Por otro lado, otro decreto en estudio podría salir en paralelo y prevé la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación estructural de 16 instituciones. Uno de los organismos que dejaría de existir es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuya desaparición forma parte de la reestructuración planteada.
Aunque los decretos de necesidad y urgencia deben estar justificados por situaciones excepcionales, el presidente Javier Milei ha hecho de ellos una herramienta frecuente de gobierno, generando debates sobre la legalidad, la legitimidad y los límites institucionales del uso de estas facultades ejecutivas.
A pesar de las críticas de juristas y sectores de la oposición, la administración libertaria sostiene que estas medidas son necesarias para modernizar el Estado, reducir el gasto público y agilizar la administración nacional.
El debate sobre los alcances de esta nueva etapa de desregulación seguramente llegará al Congreso de la Nación, aunque hasta el momento, el Gobierno ha logrado avanzar con escasa resistencia legislativa.
