Controversia judicial: Jueza ordena liberación de detenidos tras incidentes en el Congreso, generando malestar en el Gobierno

En una resolución judicial que ha generado polémica, la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, liberó en tiempo récord a la mayoría de los detenidos durante los incidentes ocurridos el 12 de marzo, en la marcha convocada en defensa de los derechos de los jubilados. La decisión afecta a 94 personas, entre ellas 71 hombres y 23 mujeres, que habían sido aprehendidas por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal por hechos como resistencia a la autoridad y atentado contra la seguridad pública.

Andrade argumentó que, según lo informado por la defensa, la detención de los manifestantes podría afectar un derecho fundamental en una democracia: el derecho a la protesta ya la libertad de expresión. En su resolución, señaló que el contexto de la marcha, donde sectores vulnerables como los adultos mayores eran los principales convocantes, justificaba una revisión cuidadosa de las detenciones. “La complejidad de los derechos en juego impide aplicar el trámite de flagrancia, por lo que dispongo la liberación inmediata de los detenidos informados”, expresó la jueza.

El malestar del Gobierno no tardó en manifestarse. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, criticó la decisión judicial y destacó que la liberación de los detenidos dificultaba la lucha contra la violencia organizada. "Es muy difícil combatir la violencia organizada cuando, tras ser detenidas 130 o 140 personas, a las pocas horas una jueza decide liberarlas", dijo Francos, refiriéndose a la celeridad del fallo.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se extendieron por más de tres horas y dejaron un saldo de 46 heridos, incluidos 26 agentes policiales. Entre los más afectados se encuentra Pablo Grillo, un reportero gráfico que sufrió una grave lesión en la cabeza. También se reportaron daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de vehículos policiales y objetos públicos, con un costo estimado de 275 millones de pesos.

Hasta el momento, tres hombres permanecen detenidos tras el hallazgo de un arma en su posesión, pero el caso sigue siendo analizado por la justicia. En el marco de estos eventos, la Policía de la Ciudad también reportó la vandalización de cestos y veredas, en lo que parece haber sido un intento de generar caos en los alrededores del Congreso.