La jueza María Servini dispuso la detención de exlíderes birmanos por crímenes de lesa humanidad, basándose en el principio de justicia universal.
Sociedad13/02/2025
SOFIA ZANOTTI
En un fallo histórico, la jueza federal María Servini ordenó la captura internacional de 25 exfuncionarios y jefes militares de Myanmar, incluido el expresidente Htin Kyaw, por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la comunidad rohingya. La decisión responde a una denuncia presentada en 2019 y se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar estos delitos en Argentina ante la falta de acción en su país de origen.
Un fallo basado en el principio de justicia universal
La resolución de la magistrada se dio en el marco de una investigación impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien había solicitado estas detenciones el año pasado. La denuncia, presentada por Maung Tun Khin, presidente de la organización Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), describe asesinatos, violaciones grupales y la destrucción sistemática de aldeas entre 2012 y 2018, lo que obligó a miles de rohingyas a huir de Myanmar.
Los imputados incluyen comandantes en jefe, jefes de Estado Mayor, jefes de comandos y exministros del Interior y de Defensa. La jueza argumentó que, debido a la inacción de Myanmar en la investigación de estos crímenes, Argentina tiene la potestad de avanzar en el caso, en sintonía con tratados internacionales suscritos por el país.
El genocidio rohingya y la crisis humanitaria
Los rohingyas, una minoría musulmana en Myanmar, han sido históricamente perseguidos y privados de ciudadanía. En 2017, más de 723.000 personas huyeron a Bangladesh tras una brutal represión militar que incluyó ejecuciones sumarias y desplazamientos forzados, convirtiendo al campo de refugiados de Kutupalong en el más grande del mundo.
Diversas organizaciones de derechos humanos y víctimas han aportado pruebas al proceso judicial, que ahora toma un nuevo giro con la orden de captura emitida por Servini. La jueza subrayó que estos hechos constituyen crímenes de genocidio y lesa humanidad, y reafirmó el compromiso de Argentina con la lucha contra la impunidad en el ámbito internacional.
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