El ministro de Economía, Luis Caputo, derogó cerca de 20 resoluciones en el ámbito agrícola, incluyendo el fideicomiso aceitero y requisitos para las exportaciones de carne, en un movimiento que busca simplificar la regulación y fomentar un comercio más ágil.
Economía05 de noviembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
En una decisión que marca un cambio significativo en la política agrícola del país, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la derogación de numerosas resoluciones que regían la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Resolución 1129/2024, publicada en el Boletín Oficial este martes, elimina normativas que han sido parte del marco regulatorio durante años.
Entre las disposiciones derogadas se encuentran el fideicomiso aceitero, que se desarrolló para compensar a los productores de aceites refinados, y la declaración jurada obligatoria para las exportaciones de carne, que exigía la inscripción previa de envíos al exterior. También se ha dado de baja el programa Lanar y diversas iniciativas destinadas al fortalecimiento del sector aviar y la producción agrícola sostenible.
El gobierno justificó estas medidas indicando que son necesarias para “alinear las políticas de regulación” y facilitar un entorno de menor burocracia que beneficie a productores y comerciantes. La eliminación de estas normativas, según el Ministerio de Economía, permitirá un ordenamiento más eficiente de las regulaciones que afectan el comercio interior.
En un contexto donde la simplificación de trámites se vuelve cada vez más relevante, Caputo afirmó que estas medidas responden a la “oportunidad, mérito y conveniencia” del momento actual, y buscan establecer un marco más claro y accesible para los actores del sector agroindustrial.
La derogación de la Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne, el fideicomiso aceitero y el Plan Argentina 25MT, que tenía como meta alcanzar una producción de trigo de 25 millones de toneladas, son solo algunas de las resoluciones que ahora forman parte del pasado.
Además, el gobierno ha decidido cerrar la Unidad de Perspectiva de Género dentro de la cartera agrícola y cancelar varias normativas que regulan la distribución de productos lácteos y la cuota de carnes bovinas a diversos países.
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