En medio de tensiones políticas y la necesidad de alianzas, el Gobierno decide mantenerse al margen en la controversia por la reelección de Gildo Insfrán, priorizando la autonomía provincial y los apoyos en el Congreso.
Política 27 de octubre de 2024
SOFIA ZANOTTI
La reciente reforma constitucional en Formosa, impulsada por el gobernador Gildo Insfrán, ha generado revuelo en el ámbito político argentino. La modificación, que facilita su reelección, encendió las alarmas de la oposición, que considera esta maniobra como un intento de Insfrán de consolidar su mandato en la provincia. Ante esta situación, el Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, ha optado por no intervenir, justificando su postura con un argumento de respeto al federalismo y la autonomía provincial. Sin embargo, algunos analistas sugieren que esta decisión también responde a la necesidad de Milei de mantener el apoyo de los gobernadores peronistas en el Congreso, donde el oficialismo requiere de alianzas estratégicas para avanzar en temas clave como el Presupuesto 2025 y la reforma de la ley de DNU.
Desde la Casa Rosada, voceros oficiales han asegurado que el Gobierno “no se involucrará en asuntos provinciales”, en respuesta a los cuestionamientos de la oposición, que reclama una postura más firme. La situación resulta particularmente delicada debido a las críticas de líderes opositores, como Luis Naidenoff, quien acusa al Gobierno de complicidad con Insfrán. A pesar de la presión, el equipo de Milei ha dejado en claro que no considera oportuno intervenir en la disputa, incluso si esto representa el descontento de algunos sectores de la sociedad.
En tanto, la decisión ha sido recibida con alivio por los mandatarios provinciales del PJ, quienes ven en esta postura un respaldo a su autonomía y una oportunidad para fortalecer sus lazos con el Gobierno nacional. Con esta táctica de neutralidad, Milei busca evitar confrontaciones directas y asegurar el apoyo de aquellos gobernadores cuyos votos podrían resultar decisivos en próximos debates en el Congreso. Mientras tanto, la oposición ha anunciado que llevará la situación ante la Corte Suprema, aumentando la presión sobre el oficialismo y avivando el debate sobre los límites del federalismo en el país.
El sector de la construcción cerró un importante acuerdo salarial para el último trimestre de 2024, que incluye aumentos progresivos y un bono de fin de año pagadero en seis cuotas.
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