El retraso en el inicio del juicio contra el ex director del Sagrado Corazón, acusado de múltiples abusos sexuales a exalumnas, ha desatado la indignación de las familias afectadas que claman por justicia.
Policiales 24 de octubre de 2024
SOFIA ZANOTTI
El caso del "hermano" Pedro Ortiz y Hontoria, ex director del Sagrado Corazón de Venado Tuerto, se encuentra en el centro de la polémica tras la demora del poder judicial para fijar la fecha de inicio del juicio oral y público. Sobre él pesan cuatro denuncias de abuso sexual en perjuicio de alumnas de 6° y 7° grado entre 2018 y 2019.
Graciela y Débora, madres de las víctimas, expresaron su frustración ante la prolongada espera. La fiscal Florencia Schiappa Pietra ha solicitado 16 años de prisión para Ortiz, pero la defensa ha presentado un planteo que podría trasladar dos de los casos a la justicia cordobesa, argumentando que los hechos ocurrieron en una piscina de un hotel durante un viaje de estudios.
“Sentimos que nuestras hijas han tenido el valor de romper el silencio. Sin embargo, la justicia está siendo lenta. Nos gustaría que se hiciera justicia pronto, para que nuestras hijas puedan tener tranquilidad”, afirmó Graciela. Las familias han denunciado un desgaste emocional considerable, resaltando las Múltiples audiencias a las que han asistido y los reiterados intentos del acusado de salir del país.
Graciela también criticó la respuesta institucional del Sagrado Corazón, que ha desmentido los hechos sin brindar apoyo a las denunciantes. “El silencio cómplice no es la mejor opción”, afirmó.
La historia de las denuncias comenzó en septiembre de 2021, cuando Débora reportó el comportamiento del religioso, que incluía tocamientos inapropiados y una dinámica de intimidación en el aula. Las denuncias se multiplicaron a lo largo del tiempo, evidenciando un patrón de conducta que ha dejado a las familias de las víctimas pidiendo justicia.
En la actualidad, el proceso sigue en suspenso, mientras las familias esperan con ansiedad el desenlace de un caso que ha sacudido a la comunidad y ha puesto de aliviar la necesidad de un sistema judicial más ágil en la atención de casos de abuso.
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