SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, medida que ha generado gran controversia y movilización en el ámbito académico. El costo estimado de la ley, que pretendía ajustar el presupuesto universitario y mejorar los salarios de docentes y personal no docente, se ubica entre $738.595 millones y $811.569 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El veto llega tras una marcha masiva en apoyo al financiamiento de las universidades públicas. La ley buscaba una recomposición de los fondos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y proponía actualizaciones bimestrales. También preveía que los salarios docentes y no docentes alcanzaran los niveles de diciembre de 2023, ajustándose luego según la inflación.
La oposición ha manifestado su intención de insistir en el Congreso para revertir el veto, argumentando que es necesario reforzar la educación pública y evitar que el ajuste afecte de manera irreversible la calidad educativa. Sin embargo, el oficialismo busca impedir un traspié legislativo y no descarta acudir a la Justicia.
Desde el Gobierno, se justificó el veto señalando que la ley "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su implementación", y se advirtió que su aplicación requeriría un aporte adicional del Tesoro Nacional. El decreto de veto también indica que el presupuesto vigente del Ministerio de Capital Humano no contempla los créditos necesarios para el financiamiento de la ley.
El ajuste en el financiamiento universitario se refleja claramente en los datos del gasto "base caja". En los primeros ocho meses del año, las transferencias a las universidades registraron una caída del 33,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
En cuanto al presupuesto para 2025, la proyección del Gobierno mantiene el ajuste, sin prever una recomposición significativa de los fondos para las universidades. El Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) alertó que la partida para las universidades nacionales en 2025 representará una caída del 34,4% en términos reales respecto a los niveles de 2023.
El recorte también ha afectado los salarios del personal universitario. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) estimó que la pérdida del poder adquisitivo acumulado ha sido del 9,2% desde diciembre de 2023. Mientras tanto, el decreto de veto resalta que el aumento nominal de los salarios de los trabajadores de las universidades Estuvo por encima de los empleados estatales, pero reconoce que no ha logrado superar la inflación acumulada del 144%.
La comunidad universitaria se encuentra nuevamente en pie de lucha, organizando la segunda Marcha Federal Universitaria en menos de un año, para reclamar el veto presidencial y visibilizar el deterioro de la educación pública en medio de un contexto de ajuste.
