El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, enfrenta una denuncia por el recorte en la cobertura del 100% de ciertos medicamentos. Asegura que la medida es necesaria para la sustentabilidad del sistema y que los afiliados seguirán recibiendo la atención esencial.
Sociedad03 de septiembre de 2024
GASTON PAROLA
El pasado lunes, Esteban Leguizamo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), fue denunciado por "incumplimiento de deberes de funcionario público" a raíz de una controvertida decisión del organismo. El PAMI resolvió reducir la cobertura del 100% que ofrecía sobre 44 medicamentos, afectando así a más de cinco millones de afiliados. La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras, quien sostiene que esta medida pone en peligro la vida y la salud de los adultos mayores, argumentando que muchos de ellos podrían quedar sin acceso a los tratamientos necesarios.
En su defensa, Leguizamo salió al cruce de las críticas durante una entrevista concedida a radio Mitre este martes. El funcionario subrayó que la decisión fue tomada en el marco de un plan de sustentabilidad para evitar la desfinanciación del Instituto. "Esta medida no es un recorte indiscriminado", aclaró Leguizamo, quien enfatizó que la cobertura del 100% se mantendrá para aquellos medicamentos considerados esenciales, particularmente los destinados al tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que son altamente prevalentes entre la población afiliada al PAMI.
Leguizamo explicó que la readecuación de la cobertura afecta a 44 medicamentos específicos, que ahora tendrán una cobertura parcial de entre el 50% y el 80% del precio especial acordado, un valor que se encuentra entre un 30% y un 35% por debajo del precio de venta al público. "Nuestra prioridad es garantizar que los afiliados reciban los tratamientos necesarios para mantener su salud, pero debemos administrar los recursos del Instituto de manera responsable", afirmó el director del PAMI.
La abogada Carreras, en su denuncia, también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de "incumplimiento de deberes de funcionario público" debido al reciente veto de la ley de movilidad jubilatoria. Según Carreras, este veto es parte de un "plan sistemático de maltrato hacia los adultos mayores", que afecta gravemente a su calidad de vida al impedir una actualización realista de sus ingresos. La denuncia, presentada ante los tribunales federales de Retiro, solicita la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) especializada en delitos previsionales.
Carreras argumenta en su escrito que el veto presidencial, al impedir la actualización de las jubilaciones, constituye una violación de leyes y tratados internacionales que protegen los derechos de los adultos mayores. "Estamos frente a una conducta que podría ser tipificada no solo como incumplimiento de deberes de funcionario público, sino también como una política de Estado que atenta contra la dignidad, la salud y la vida de los más vulnerables", sostiene Carreras.
En este contexto, la situación ha generado una ola de preocupación entre los afiliados al PAMI, muchos de los cuales dependen de los medicamentos ahora afectados por la nueva medida. Mientras tanto, desde el gobierno y el propio PAMI, se busca transmitir un mensaje de calma, asegurando que las decisiones tomadas tienen como objetivo mantener la sostenibilidad del sistema sin comprometer la atención de los jubilados y pensionados.
El caso sigue generando debate y críticas en distintos sectores, y la situación legal tanto de Leguizamo como del presidente Milei, está ahora en manos de la justicia federal, que deberá determinar si hubo alguna irregularidad en la implementación de estas medidas y en el veto presidencial que motivó la denuncia.
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