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Por boca de familiares de personas detenidas en la Unidad Penitenciaria nº 11, de la localidad de Piñero, se presentó en Legislatura un pedido de informes al Ejecutivo provincial para indagar en una presunta corruptela del personal de ese presidio, por el que guardiacárceles impondrían a presos comunes una tarifa obligatoria para poder estar en una celda individual y dormir sobre un colchón: hasta 50.000 pesos, según la denuncia.
El planteo parlamentario lo presentó este lunes el diputado Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía. Impone al gobierno provincial si le consta que “existen exigencias de pagos de hasta 50 mil pesos mensuales para que los detenidos cuenten con una celda personal mientras otros terminan durmiendo en el piso”. Asimismo, indaga sobre el criterio de rechazar alimentos que llevan familiares de los reclusos para forzar al consumo en la cantina interna del penal.
Con el mismo fin, el pedido de informes apunta sobre presunto maltrato de agentes carcelarios contra las visitas a los detenidos, la higiene deficiente de los sanitarios y reclama una mejor frecuencia de ómnibus que faciliten el viaje al presidio situado en el ingreso a Piñero.
Carlos Del Frade, diputado provincial.
“Un conjunto de personas tuvo la deferencia de denunciar ante esta banca algunos hechos que deben ser corregidos, prácticas que necesitan ser mejoras y otras eliminadas. Personas jubiladas que cobran la mínima y que deben pagar un servicio de colectivos que. desde la ciudad de Rosario, se hace costoso y. para colmo, con pocas frecuencias que acerquen a las mismas hasta el penal”, señaló Del Frade en su planteo.
“Mientras se formalizan las colas, además del tiempo de espera, se suma la falta de higiene en los baños públicos como también la cantidad de palomas muertas que se van acumulando en la entrada de la Unidad”, agregó.
Lo más grave fue lo que familiares le contaron en una reunión en Rosario. “En el interior del penal, presos comunes denuncian que duermen en el piso porque sus celdas fueron ‘vendidas’ por algunos integrantes del Servicio Penitenciario a razón de 50 mil pesos mensuales. Por otro lado, desde jugos a huevos, hay una serie de productos alimenticios que ya no ingresan porque son los vendidos casi con exclusividad por la cantina del penal”, apuntó.
Uno de los casos refiere al de un joven detenido al que personal penitenciario le exigió esa suma de dinero. “Como no tenía esa plata –reveló Del Frade– lo sacaron de la celda individual donde estaba y lo metieron con otros tres muchachos en otra celda donde no hay colchón. Y cuando pongan el colchón, peor porque se humedece permanentemente”, acotó.
"La alimentación que reciben los presos comunes genera problemas de salud e incluso se señala
que la carne vacuna está destinada, únicamente, al personal del penal. También denunciaron malos tratos, castigos y tiempos arbitrarios para las visitas que generan disputas verbales con el personal de la unidad carcelaria", concluyó
