Diputado Carlos del Frade lanza duras críticas a la política de seguridad de Pullaro y Cococcioni

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, envió una carta pública al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, donde señala 15 observaciones críticas respecto a la política de seguridad que se está implementando en la provincia. En su misiva, Del Frade hace énfasis en la influencia de asesores estadounidenses en territorio santafesino, una situación que calificó como preocupante debido a la falta de transparencia y antecedentes históricos en América del Sur.

El legislador también cuestionó la reciente reunión de Pullaro con el embajador estadounidense, Marc Stanley, señalando que las agendas discutidas no se han hecho públicas, lo que genera incertidumbre sobre la participación de Estados Unidos en temas de seguridad. Del Frade alertó sobre el peligro de que estos acuerdos puedan facilitar el flujo de economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando de armas, vinculados a grandes negocios internacionales.

Además, en su carta, Del Frade denunció irregularidades en el manejo de cárceles, como las denuncias sobre corrupción en el penal de Piñero y la falta de transparencia en los operativos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, reclamó por la compra de pistolas Taser por parte del gobierno provincial, señalando que no se ha justificado esta adquisición en un contexto donde los enfrentamientos entre la policía y las bandas criminales son mínimos.

El diputado subrayó la necesidad de mayor control en los puertos santafesinos, especialmente en relación con el contrabando y el lavado de dinero, citando casos como el decomiso de grandes cargamentos de cocaína y la presencia de inversiones extranjeras con antecedentes cuestionables en la provincia.

Finalmente, Del Frade cerró su carta pidiendo mayor transparencia en la información sobre la reducción de homicidios en Rosario y una revisión de las políticas económicas que, según él, favorecen la expansión de economías ilícitas en la región. Rechazó además la baja de la edad de punibilidad, afirmando que menos del 0,5% de los homicidios fueron cometidos por menores de 16 años, y calificó esta medida como una herramienta de control social más que una solución para la seguridad.