Ley Bases: cambios aceptó el Gobierno para destrabar el proyecto

Contrarreloj, y cuando parecía que el Gobierno no lograría destrabar la ley Bases en las comisiones del Senado, el oficialismo consiguió las firmas para el dictamen y así llevará la iniciativa al recinto el 12 de junio. Guillermo Francos, en su flamante rol de jefe de Gabinete, se apersonó al Congreso en el cierre de la jornada y consiguió los avales necesarios para que el proyecto pudiera avanzar. Hubo que aceptar retoques en el RIGI y en la Ley de Contrato de Trabajo.

También el paquete de reformas fiscales tiene las firmas aseguradas, según informó el Gobierno. Allí asoman medidas para restituir fondos a las golpeadas administraciones provinciales, como el retorno de la cuarta categoría de Ganancias que engrosaría la masa coparticipable, que tiene en este nuevo texto un piso más alto para las provincias patagónicas. La suerte del paquete fiscal está atada a la Ley Bases: Nación dará a los gobernadores más fondos si estos aprueban la ley Bases.

A partir de las 18, Casa Rosada decidió encargarse de las negociaciones frente a una jornada en la que pasaron de la certeza de un acuerdo a la incertidumbre por el voto a voto. Las firmas para alcanzar la mayoría en el dictamen no eran suficientes y senadores de distintos bloques (peronistas, radicales e incluso Edith Terenzi, del PRO) iniciaron la enumeración de críticas a la redacción del proyecto.

El primero en llegar al Senado fue el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Más tarde, y después de un intento de debate de la reforma fiscal que sólo duró media hora, arribó Guillermo Francos «Se reunió con Villarruel y algunos senadores que tenían dudas y se cerró«, cuentan a este medio desde su entorno. «El Ejecutivo vino con una propuesta superadora y nosotros brindamos la palabra de que eso sucedería», precisan desde la presidencia de la Cámara.

Quien hizo tambalear el dictamen fue el santacruceño José María Carambia, quien anticipó a través de una nota que presentaría un dictamen propio si no se accedía a un pedido puntual: subir del 3% al 15% las regalías provinciales en boca de mina del mineral extraído. A último momento, el gobierno rechazó el 15% y accedió a modificar la ley minera y establecer que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 5%.

Entre las críticas, la cesión de facultades excepcionales para el Presidente volvió a ser apuntada. La presencia de empresas públicas -como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino o los medios públicos- en la lista de compañías susceptibles a ser privatizadas provocaron el rechazo de senadores de distintos bloques, que argumentaron que debilita al federalismo. Las modificaciones en el RIGI no parecieron ser suficientes y la propuesta moratoria, que excluye a personas que no cuentan con la totalidad de años de aporte, también provocó resistencias. Martín Lousteau, calificó las reformas de «cosméticas» y anunció que presentaría dictamen propio.

Los apoyos de los senadores federales (Kueider, Silva, Arce y Rojas Decut) junto a un sector del radicalismo fueron esenciales para este triunfo legislativo libertario. Ahora, avanza la votación de ambos proyectos en el recinto.

Los primeros minutos de la sesión fueron de optimismo libertario. El radical Víctor Zimmermann ingresó a la reunión plenaria afirmando que iba a acompañar el dictamen y remarcando que «los gobernadores e intendentes están esperando una señal del Congreso de la Nación«. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), también expresó su optimismo: “Surgió un borrador que vamos a hacer circular a los efectos de que este dictamen tenga la cantidad de firmas que exige la reglamentación».

Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:

Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.

Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.

La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.

Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.

En cuanto a la reforma fiscal, ancladas en el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se incorporaron:

Figura del monotributo social.

• Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
• Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
• Regalías mineras: subieron del 3% al 5% el tope que pueden cobrar las provincias.