GASTON PAROLA
Un grupo destacado de activistas por los derechos humanos, encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la emblemática presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, ha instado al Poder Judicial a ratificar que los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden ser objeto de indultos, amnistías o conmutaciones de penas.
La solicitud se formalizó mediante una acción de amparo presentada ante la Justicia Federal de La Plata, con el objetivo de garantizar que estos crímenes permanezcan como imprescriptibles e insusceptibles de beneficios penales. En el documento, se enfatiza en la necesidad de preservar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Roma.
Los promotores de esta iniciativa, entre los que se encuentran la reconocida socióloga Dora Barrancos, el ex juez Carlos Rozansky y el destacado constitucionalista Jorge Cholvis, argumentan que esta acción judicial es preventiva, destinada a salvaguardar la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos frente a cualquier intento negacionista o de reinterpretación de la historia reciente.
La presentación ante el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, busca que este órgano judicial garantice la supremacía de la normativa constitucional y convencional sobre cualquier intento de los poderes ejecutivo o legislativo de otorgar indultos en casos de delitos de lesa humanidad. Se destaca que el Poder Judicial es el último bastión de defensa de la Constitución Nacional y debe velar por su observancia, incluso por encima de los otros poderes del Gobierno Federal.
