Condena a integrantes del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto por conducta delictiva

Dos integrantes del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto fueron condenados por haber robado dinero mientras patrullaban en motocicletas de la policía provincial. Se trata de Farib Gastón Villalba y Julián Federico Andrada, de 24 y 25 años, respectivamente. A cada uno se le impusieron tres años prisión condicional y una inhabilitación para ejercer su oficio por seis años.

Además, otro uniformado de la fuerza de seguridad venadense, José Emanuel Britos, de 27 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitado por tres años. Recibió la pena por haber omitido denunciar el robo, así como por otros hechos ilícitos que cometió en el ejercicio de su función pública.

Las sentencias fueron ordenadas por el juez Adrián Godoy en juicios en los que se abreviaron los procedimientos que se desarrollaron en los tribunales venadenses.

De acuerdo con lo dispuesto, los tres condenados deberán cumplir normas de conducta, entre las que está la prohibición de tener y portar armas de fuego. Además, Villalba y Andrada tendrán que hacer reparaciones económicas por un total de 100.000 pesos que se distribuirán entre dos víctimas; y Britos pagará una multa.

La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Lago. En tal sentido, recordó que previamente fueron condenados a prisión otros dos integrantes del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto, identificados como Emiliano Erraez y Cristian Bascoy. A ellos también se los inhabilitó para ejercer cargos policiales.

Por su parte, otro policía de la fuerza venadense, cuyas iniciales son JJS, está imputado en el marco del mismo legajo y transita el proceso judicial en prisión preventiva.

El robo fue cometido el 11 de junio del año pasado alrededor de las 20:00. Lago indicó que “en la esquina de Vuelta de Obligado y 3 de Febrero, Britos y su colega que está en preventiva interceptaron a dos hombres que circulaban en una moto y frenaron la marcha al entender que se trataba de un control de rutina”. Al respecto, aclaró que “los uniformados estaban en su horario de trabajo”.

“Los agentes les exigieron a las víctimas información personal y del vehículo y les ordenaron colocar en el asiento del birrodado todas las pertenencias que llevaban consigo”, afirmó el funcionario del MPA. “Mientras tanto, convocaron a Villalba y Andrada, que llegaron rápidamente en dos motocicletas policiales”, expuso y agregó que “entonces Britos y el imputado abandonaron el lugar”.

“Una de las víctimas tenía 40.000 pesos y, tras preguntarle por el origen del efectivo y recibir una respuesta verosímil, los policías le dijeron que debía entregárselo”, relató. “Amenazaron al hombre con incriminarlo por tener estupefacientes en su poder -lo cual no era así-, aprehenderlo y secuestrar su moto si no hacía lo que le pedían”, aseveró.

Lago precisó que “aunque en principio los integrantes del Comando quisieron apoderarse de los 40.000 pesos, finalmente aceptaron recibir 25.000”, y remarcó que “instruyeron a las víctimas sobre cómo y dónde tenían que dejar el dinero”. Según añadió, “las personas amedrentadas cumplieron con el trato por temor a sufrir daños mayores”.

En cuanto al encubrimiento, el fiscal puntualizó que “a sabiendas de lo sucedido, Britos y el policía de iniciales JJS omitieron denunciarlo”, y explicó que “por código de compañerismo, los coautores del hecho delictivo les pidieron que no los delataran”.

“Al día siguiente, los condenados y el imputado cometieron un nuevo ilícito”, sostuvo Lago. “Pasadas las 6:00 de la mañana, simularon una persecución policial a un joven menor de edad que pidió ayuda en una vivienda de calle Lisandro de la Torre al 1.800”, refirió.

Detalló que “el adolescente, Villalba, Andrada, Britos y quien está en prisión preventiva entraron a la casa luego de que un hombre que vive allí abrió la puerta”, y mencionó que “Erraez y Bascoy se quedaron en la vereda custodiando el ingreso al domicilio”.

“Los policías amenazaron a la víctima con sus armas de fuego reglamentarias y, sin orden de allanamiento ni razón urgente que lo justificara, revisaron el domicilio”, narró el funcionario judicial. “Cuando los uniformados se encontraron con una mujer que reside allí, también la intimidaron”, indicó.

“Después de la situación violenta, los condenados y el hombre investigado esposaron al joven menor de edad y se fueron sin confeccionar ningún acta ni requerir los datos personales de las víctimas”, subrayó Lago.

El funcionario del MPA mencionó que “a Britos además se le impuso la pena porque al momento de su detención tenía un revólver sin autorización legal”. Según especificó, “el arma estaba en el bolsillo interno del chaleco antibalas que le había provisto la policía provincial”.

Villalba y Andrada fueron condenados como coautores de robo calificado (por la condición de funcionarios policiales). En relación a ello, Britos recibió la pena como autor de encubrimiento por omisión de denuncia agravado (por la condición de funcionario público).

Además, los tres uniformados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, agravado (por la participación de una persona menor de edad y por el uso de arma de fuego).

A su vez, a Britos se lo condenó por la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

La Defensa de cada uno de los policías aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.