Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado en los tribunales rafaelinos y que se extendió por más de 15 horas.

Las personas que quedaron privadas de su libertad son dos hermanos de 45 y 48 años, cuyas iniciales son MGS y FLS, respectivamente. Estos dos hombres fueron imputados como jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas.

También quedó en prisión preventiva una mujer de 71 años e iniciales MOC, que es la madre de los dos hombres. A ella se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas. Por su edad, se dispuso que la imputada cumpla la medida cautelar de forma domiciliaria.

El juez también ordenó la inhibición general de bienes respecto de los hermanos imputados como jefes de la asociación ilícita, como así también de tres empresas que ellos administran. El total de la inhibición es de 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.

En el marco de la misma investigación hay otras cinco personas imputadas, a las que se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita en carácter de partícipes principales de las estafas. Son tres hombres de 39, 49 y 56 años; y dos mujeres de 22 y 54 años. A estas cinco personas se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.

En relación a estas cinco personas, el juez dispuso la inhibición general de bienes por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.

El fiscal Loyola planteó que “los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.

“Ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses– en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”, detalló Loyola.

El fiscal del MPA también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.

“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.

El representante del MPA también brindó precisiones acerca de los pagos que realizaron las víctimas. “Los hacían de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o debían enviar el dinero en efectivo a donde estuvieran los integrantes de la asociación ilícita”, indicó.

El fiscal informó que “al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Bumaguín consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron suficientes como para tener acreditadas la autoría y la materialidad del hecho por parte de los dos jefes de la asociación ilícita y de la mujer de 71 años”.

“El magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causaron los imputados a gran cantidad de víctimas, y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”, agregó el fiscal.

En relación con las medidas alternativas a la prisión preventiva dispuestas para los imputados que recuperaron su libertad, consisten en fijar domicilio; nombrar cuidador; establecer una fianza personal de 50.000.000 de pesos para cada uno; prohibición de contacto o acercamiento a 200 metros de las víctimas y/o testigos; firmar semanalmente en la comisaría que corresponda al domicilio de cada uno y la prohibición de salir del país.