La causa se inicio en junio de 2022, ante una denuncia de personas que fueron allanadas sin orden judicial y en una situación ilegal en la que se vio involucrado un menor. En la oportunidad se detuvieron los dos efectivos que participaron del hecho, ambos ya fueron condenados con acuerdo de juicio abreviado.

Pero la investigación a cargo de Lago continuó y se pudo establecer que se trataba de una “banda” de policías rosarinos (solo uno es del norte de Santa Fe) con algunas características que permitieron dilucidar cómo, dentro de su labor policial, perpetraban hechos ilícitos.

El tercio:

Según señaló el funcionario del MPA la actividad se les facilitaba a los policías que pertenecían todos al mismo tercio, “al pertenecer al Comando les deba una pertenencia territorial en la ciudad y sobre todo el control de la noche. Y en esto debemos aclarar que se trataba de personas oriundas de Rosario (en su mayoría) que habían trabajado todos juntos en el Comando de esa ciudad y ya contaban con experiencias en hechos similares a los investigados y fueron trasladados a Venado”, evaluó Lago.

Respecto al modus operandis de los acusados, estos se aprovechaban de su condición de policía al detectar personas en conflicto con la ley, vinculados al narcomenudeo o delitos con armas, y realizaban allanamientos con una excusa y sin orden buscando armas, dinero o droga, que luego ellos se apropiaban. En tanto que conociendo a personas que se dedicaban al narcomenudeo los paraban y les quitaban el dinero y las drogas o les plantaban armas.

Las Imputaciones

Lago refirió que “el 11 de junio del año pasado en horas de la noche, los cuatro policías detenido concretaron un robo mientras desempeñaban sus funciones a bordo de motos de la Policía provincial, en la oportunidad interceptaron en Vuelta de Obligado y 3 de Febrero a dos hombres que transitaban en una motocicleta, quienes frenaron la marcha al entender que se trataba de un control de rutina”.

 
“Allí les exigieron a las víctimas información personal y del vehículo y les ordenaron colocar en el asiento de la moto todas las pertenencias que llevaban consigo”, afirmó Lago. “Mientras tanto, convocaron a otros agentes que llegaron en dos motos policiales”, añadió.

“Una de los motociclistas detenido llevaba 40.000 pesos y, tras preguntarle violentamente por el origen del efectivo, le dijeron que debía entregárselo y lo amenazaron con incriminarlo por tener estupefacientes en su poder -lo cual no era así-, aprehenderlo y secuestrar su moto”.

Lago precisó que “finalmente los efectivos policiales aceptaron recibir 25.000 e instruyeron a las víctimas sobre cómo y dónde tenían que dejar el dinero”. Según aclaró, “las personas amedrentadas cumplieron con el trato por temor a sufrir daños mayores”.

Allanamiento ilegal

Al día siguiente, los cuatro imputados y sus dos pares ya condenados, “alrededor de las 6:00 y a partir de un acuerdo previo, simularon una persecución policial a un joven menor de edad que pidió ayuda en una vivienda de calle Lisandro de la Torre al 1.800”.

Durante la imputación Lago explicó que “un hombre abrió la puerta e inmediatamente ingresaron el adolescente y los cuatro investigados”, en tanto “los dos condenados se quedaron en la vereda con el fin de procurar la impunidad del grupo”.

“Los policías amedrentaron a la víctima con sus armas de fuego reglamentarias y, sin orden de allanamiento ni razón urgente que lo justifique, revisaron el domicilio, para finalmente esposar al menor de edad y se fueron sin confeccionar ningún acta ni requerir los datos personales de las víctimas”, puntualizó.

Delincuentes

“El grueso de la fuerza policial está constituido por buenas personas, con vocación y comprometidos con su trabajo, pero cada tanto aparecen estos casos y tenemos que ser muy claros: “Cuando cruzan la línea dejan de ser policías para convertirse en delincuentes”, porque no se trataban de problemas de trabajo, se trataba de conductas delictivas” subrayó el fiscal Lago, quien además aclaró que la investigación continúa para determinar si hubo otras personas implicadas.