El exjefe de la Brigada de Drogas del departamento La Capital, Cristián “Paco” Díaz (45), quedó al borde del juicio oral y público tras un fallo de la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario que confirmó su procesamiento, con prisión preventiva, por haber ordenado enviar un mail con información falsa a la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.

El caso se remonta al año 2021 cuando, en junio, la sede judicial recibió en su correo oficial un mail proveniente de la cuenta [email protected] que realizaba una denuncia anónima en la que acusaban a empleados y funcionarios de la Justicia federal y otros exagentes de drogas de formar parte de una asociación ilícita destinada a encubrir narcos locales, como por ejemplo, Lorena Melgarejo (procesada por una avioneta que descargó estupefacientes en un campo del departamento San Justo) o Vanesa “La Curandera” Saravia, detenida por comandar una organización que al momento de su caída tenía 147 kilos de cocaína.

 Ante el tenor de la denuncia, el fiscal Walter Rodríguez ordenó citar al denunciante para ratificar sus dichos. Sin embargo, nunca pudo ser localizado y de hecho se determinó que la casilla de correo remitente había sido dada de baja por lo que dicha denuncia fue archivada por el titular de la Fiscalía Federal N°2.

De igual manera, el fiscal inició una investigación con personal del Departamento Técnico del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA) para determinar quién y desde donde se envió la denuncia anónima tras considerar que la misma estorbó el trabajo de la Justicia.

Policía y narco
Avanzada la investigación, los federales detectaron que había salido de una computadora situada en el interior de la casa de Rodrigo, un agente que reviste la jerarquía de oficial y quien llegó al área de Drogas a principios del 2021. El mismo fue detenido en un allanamiento ejecutado en su casa de Laguna Paiva (Catamarca al 800) en donde además los investigadores le secuestraron un trozo de cocaína compacto de más de medio kilo, balanzas de precisión, $132.500 y un total de 1.700 dólares estadounidenses.

En sede judicial, el policía fue indagado ante el juez Reinaldo Rodríguez y quedó detenido con prisión preventiva tras ser procesado por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por ser funcionario público”, “atentado contra la autoridad por impedimento o estorbo de un acto funcional”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Luego, en abril del 2022, casi un año después de enviar el correo, su causa fue elevada a juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Sin embargo, antes de ser llevado a juicio, el oficial Rodrigo pidió declarar y en una nueva indagatoria confesó que el correo lo había enviado a pedido de quien era en ese entonces su jefe: Miguel Cristian Díaz.

 Desde entonces, la Fiscalía direccionó la investigación contra Díaz y a mediados de diciembre del 2022 lo detuvo personal de la Policía Federal en su casa de Laguna Paiva tras considerar que el correo estorbó el trabajo de la Fiscalía. Inclusive, los investigadores allanaron el destacamento de Los Pumas en la localidad de Frontera, donde prestaba servicios.

Teléfono al rojo vivo
La lupa sobre “Paco” Díaz también recayó a partir de los peritajes realizados al teléfono del oficial Rodrigo en donde el exjefe, tras su salida de la Brigada de Drogas, le ofrecía ir a trabajar a la Guardia Rural Los Pumas de Frontera y llevar adelante negocios ilícitos.

 “Acá está la papa amigo”, “acá no sabés lo que es”, “millos”, “los 2”, “camiones”, “campos”, “ganado”, “cereal”, “ruta”, “todos en falta amigo”, “salimos los 2 y 2 de confianza acá”, “una mina virgen amigo”, “haceme caso”, “de última te rascas la argolla”, “te doy el combustible”, “sobra”, son algunos de los mensajes que encontró la Justicia en el teléfono de Rodrígo.

Por el caso, Díaz fue procesado por la jueza provisoriamente a cargo del Juzgado de Federal N°2, Sylvia Raquel Aramberri, que lo declaró presunto coautor de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por ser funcionario público; atentado contra la autoridad –impedimento o estorbo de un acto funcional–; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no promover la persecución y represión de los delincuentes.

 El fallo también apuntó al exagente haber realizado “concusión”, que es cuando un funcionario público abusa de su cargo, solicita, exige o hace pagar o entregar una dádiva. En tanto, ordenó que transite la causa judicial detenido, con prisión preventiva, y se le trabe un embargo de $1.000.000 sobre los bienes que tiene el policía, de rango Subcomisario.

 Finalmente, el pasado 5 de mayo, la Cámara Federal de Rosario revisó el caso y determinó confirmar el procesamiento para Díaz por lo que dejó al exjefe de drogas a un paso del juicio oral y público