En la localidad de San Nicolás -Buenos Aires-, al límite de la provincia de Santa Fe, se dio lugar a un amparo ambiental que marca un precedente en la lucha contra las empresas que originan daños ambientales.

En este caso, la firma es Atanor, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, la cual viene siendo motivo de denuncias desde hace más de diez años tanto por sus trabajadores como los vecinos y vecinas que conviven con ella en su localidad.

Estrictamente lo que hizo la Justicia de Ejecución Penal fue darle lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva. La empresa, que se ubica en el barrio Química, está en el ojo de la tormenta producto de estar anclada en una zona donde habrían fallecido personas en los últimos años a causa de la contaminación producida.

Es que la compañía, presuntamente, vertía sus residuos tóxicos al río Paraná sin ningún tipo de tratamiento. No solo eso, también enterraba los residuos peligrosos de manera ilegal.

“En un primer momento, tanto los trabajadores de la empresa como los vecinos del barrio denunciaban el manejo ilegal de la empresa y de sus residuos tóxicos. Denunciaban enterramientos, vuelcos al río, emisiones gaseosas, escapes gaseosos. Era percibido visualmente y por los olores, además, por su propia salud, porque empezaron a deteriorarse. También hubo fallecimientos en torno a esta industria química”, explicó a El Litoral el abogado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi.

Es importante recordar que esta causa se presentó hace ocho años y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante la pasividad del accionar de la Justicia. Por eso, todavía, sigue su curso el trámite pese a este amparo.

“El fallo es un paso importantísimo para nosotros, porque significa el reconocimiento judicial de la verdad de los hechos denunciados durante más de 10 años. En un primer momento, tanto los trabajadores de la empresa como los vecinos del barrio denunciaban el manejo ilegal de la empresa y de sus residuos tóxicos”, añadió Magii.

Ahora se van a realizar los estudios que ordenó la jueza y se va a hacer un seguimiento de las tareas de recomposición que la firma tiene que llevar adelante.

En este sentido, el ambientalista reconoció que “se pueden dar fallos similares en la provincia de Santa Fe. De hecho, tenemos algunas demandas similares en el cordón industrial de Rosario, sobre todo en la zona sur en empresas que tienen condiciones similares de infracción a la firma Atanor”.

“Estamos trabajando en esto desde el aspecto civil como en el aspecto penal. Sobre finales del año pasado el fiscal federal solicitó la indagatoria de los responsables de Aguas Santafesinas por infracción a la misma ley de Residuos Peligrosos, nada más que en este caso fue por volcar efluentes cloacales sin tratamiento”, concluyó.