Oscar A Canavese
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general ante los tribunales orales federales de Rosario, Federico Reynares Solari.
Los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta condenaron por los delitos de comercio de estupefacientes, en calidad de autores, a nueve acusados, mientras que tres acusadas fueron consideradas partícipes secundarias. Tres personas fueron condenadas también por el delito de tenencia simple de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
El detalle de las penas a prisión fue el siguiente: Manuel Alejandro Rodríguez recibió cuatro años y seis; Romeo Daniel López, cuatro años y tres meses; Roberto Félix San Miguel, Ezequiel Hernán Molinari y Manuel Martín Pellegrini Real, cuatro años y dos meses; Diego Fernando Santa Cruz, cuatro años y un mes; Emilio Enrique Dinardo y Omar Garbero, cuatro años; y Ailén María de los Milagros Troncoso, Aylén Beatriz Enrique, Silvia Liliana Caballé y Nancy Paola Galarza, dos años y seis meses, en suspenso.
En la sentencia el tribunal ordenó además el decomiso de dinero en efectivo, de dos vehículos y de seis motocicletas, y la destrucción del material estupefaciente incautado.
La génesis de la investigación tuvo como punto de partida denuncias realizadas ante las autoridades en Wheelwright, en las que se indicó que varias personas vendían droga en esa localidad. Teniendo en cuenta las características de estos pueblos -localidades muy pequeñas, donde la presencia de personas ajenas al lugar es percatada casi con inmediatez-, la investigación se apoyó principalmente en la interceptación de comunicaciones telefónicas.
A través del análisis de esas escuchas pudo determinarse que la organización estaba formada por varias personas con roles bien diferenciados. De acuerdo con la acusación fiscal, por un lado, Manuel Rodríguez, quien trabajaba como albañil en otras localidades, encargaba la tarea de recepción y acondicionamiento de los estupefacientes a Roberto San Miguel, quien posteriormente distribuía a otros vendedores al menudeo, principalmente a Diego Santa Cruz. Este último la comercializaba en un almacén de su propiedad, en la localidad de Wheelwright. La acusación indicó que la esposa de Manuel Rodríguez, si bien no participaba directamente de la comercialización de los estupefacientes, estaba en pleno conocimiento de la actividad de su pareja.
Por otro lado, en la investigación se determinó que el proveedor de cocaína de Rodríguez era Daniel Romeo López, un inspector de tránsito de la municipalidad de Rosario. Según la fiscalía, entre ellos funcionaba como intermediario Emiliano Dinardo, quien trabajaba para la Cooperativa Eléctrica de Juncal. De acuerdo con la acusación, los sujetos se comunicaban cada cierto tiempo y arreglaban la entrega del material en un punto de encuentro a mitad de camino entre estas localidades.
A través de las escuchas se determinó que el proveedor de marihuana era Omar Garbero, de Venado Tuerto, quien se comunicaba para coordinar los detalles de entrega y pago con Santa Cruz. También se indentificó a personas con una participación no esencial, quienes vendían generalmente para consumir de manera gratuita o satisfacer gastos menores, por lo cual se las acusó en los términos del artículo 46 del Código Penal -como partícipes secundarias- a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Ellas fueron Enrique, Caballé, Galarza y Troncoso.
Por último, la fiscalía acusó por el delito de comercio de estupefacientes, aunque sin formar parte de la organización, a Ezequiel Hernán Molinari y Manuel Pellegrini, quienes además fueron imputados por la tenencia de las armas de fuego que fueron incautadas en los procedimientos oportunamente dispuestos por el Juzgado Federal de Venado Tuerto en sus respectivos domicilios.
