El gobierno se encamina a una semana de tensión con el campo. Tras la conferencia de prensa del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y productores cordobeses se manifestaron en estado de «alerta» y no descartaron acciones judiciales. En paralelo, los gobiernos de Córdoba y Santa Fe anunciaron medidas para paliar el impacto.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, con un aumento de dos puntos porcentuales de la alícuota. De esta manera, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

«La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos a la exportación para la harina y el aceite de soja del 33% atentando contra la industrialización de soja en el país«. «Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires«, expresó el comunicado.

«El gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional. Toda la cadena de soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país«, agregaron.

«La suba de derechos a la exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras analizan todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto«, concluyó el comunicado.

 La postura de Santa Fe y Córdoba

Por otra parte, los productores de Córdoba se declararon en estado de alerta y movilización. La decisión llegó luego de una asamblea en Sinsacate que contó con la adhesión de la Sociedad Rural de Jesús María, Cartez y CRA.

Al mismo tiempo, los productores pidieron un paro de comercialización por tiempo indeterminado que será elevado a la Mesa de Enlace. También solicitaron una reunión con las dos Cámaras del Poder Legislativo y acompañar con una movilización nacional al Congreso.

Santa Fe y Córdoba, las provincias que ya se manifestaron en contra de esta decisión anunciaron en paralelo medidas para paliar el impacto en los productores. Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, rechazó «cualquier aumento de ese mal impuesto que son las retenciones» y consideró que «prohibir la exportación es atentar contra la producción cordobesa y también ir en contra de la necesidad de que haya dólares en el país«.

En ese sentido anunció tres nuevas medidas para beneficiar al sector: un programa de incentivo a productores para que adopten Buenas Prácticas Agropecuarias y para los Consorcios Camineros de $300 millones, una línea de créditos del Plan Ganadería Argentina (Plan GanAR) por $3000 millones destinado a productores ganaderos, tamberos, cooperativas agropecuarias y frigoríficos; por último, financiamiento de proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo con un subsidio del 9% en tasas a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y del Gobierno de la Provincia.

Por el lado de Santa Fe, el gobierno de Omar Perotti anunció la compra de fertilizantes con créditos del Banco Nación cuya tasa será bonificada por la provincia con un monto máximo de $6 millones para aumentar la superficie sembrada.