SOFIA ZANOTTI
El Gobierno introdujo en la versión final de la reforma laboral un cambio que impacta directamente en el Sindicato de Camioneros: la recolección de residuos fue incorporada al listado de servicios esenciales que deberán asegurar un 75% de prestación mínima durante medidas de fuerza.
La novedad aparece en el texto que será enviado al Congreso y que retoma criterios ya incluidos en el DNU 70 y el decreto 340, ambos suspendidos por la Justicia. En esos instrumentos se reglamentaba el derecho a huelga en sectores como transporte, salud, educación y energía, puntos que la CGT rechaza desde hace meses.
Según establece el proyecto, “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” deberán garantizar coberturas mínimas del 75% y del 50%, respectivamente, sin posibilidad de acordar porcentajes menores.
El listado de servicios esenciales incluye salud, transporte y distribución de medicamentos, provisión de agua y energía, telecomunicaciones, actividad aeronáutica y portuaria, servicios aduaneros y migratorios, educación inicial, primaria y secundaria, transporte marítimo y fluvial, y ahora también la recolección de residuos.
Hasta el momento, esta actividad —estratégica para Camioneros— no figuraba entre las esenciales ni entre las trascendentales, pese a los problemas sanitarios que genera la acumulación de basura durante los paros del sector.
Además, el texto incorpora otro punto sensible para el gremio: la penalización explícita de los bloqueos sindicales. El proyecto considera infracción muy grave “provocar, instar u organizar el bloqueo o la toma de un establecimiento”, una ampliación que permite imputar responsabilidades a las cúpulas sindicales y no solo a quienes ejecutan la medida.
Esta modificación se suma al criterio establecido en la Ley Bases, que clasificó los bloqueos como “injuria grave”, y habilita a las empresas a aplicar despidos justificados frente a este tipo de protestas.
Si el proyecto se aprueba sin cambios, el gremialismo deberá enfrentar un nuevo escenario regulatorio más estricto en materia de huelgas y acciones directas.
