Santa Fe sanciona ley que modifica allanamientos y juicios penales


El jueves 19 de noviembre, el Senado de Santa Fe sancionó la ley denominada "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", que modifica el Código Procesal Penal y otras normativas provinciales. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, introduce cambios en la persecución penal, la prevención del delito y el régimen penitenciario.


Foto: Redes sociales
Entre las modificaciones más relevantes, la ley permite que los tribunales puedan avanzar en procesos penales y dictar sentencias sin la presencia del imputado, siempre que se cumplan ciertas condiciones y se garantice la defensa técnica. Además, los fiscales podrán convocar a personas vinculadas a hechos delictivos para declaraciones informativas, incluso cuando no haya elementos suficientes para formalizar una imputación.


La norma amplía los supuestos para realizar allanamientos sin orden judicial, incluyendo investigaciones por homicidios, amenazas y extorsiones relacionadas con criminalidad organizada o conmoción pública, así como casos de acumulación de armas en domicilios.
También habilita medidas sobre inmuebles vinculados a actividades ilícitas, como desalojos, restituciones, demoliciones y bloqueos, siempre con intervención judicial y bajo distintas condiciones de control.
En cuanto a las medidas cautelares, se incorporan alternativas de menor intensidad, como presentaciones periódicas, prohibiciones de acercamiento, limitaciones para salir del país y la obligación de informar cambios de domicilio.
El régimen penitenciario se agrava para internos que representen una amenaza grave a la seguridad pública, quienes podrán quedar sujetos a aislamiento individual, suspensión de visitas y comunicaciones, y retiro de artículos de entretenimiento. Se garantiza un mínimo de dos horas diarias de patio individual.
La ley regula las actividades de inteligencia preventiva que afecten la privacidad, requiriendo autorización judicial y la intervención del Ministerio Público de la Acusación si surgen indicios de delito.
Se amplían los mecanismos del Fondo Provincial de Recompensas para ofrecer incentivos económicos por información útil en la prevención y esclarecimiento de delitos, identificación de responsables y búsqueda de personas.
Además, se incorpora un procedimiento monitorio para resolver ciertos juicios contravencionales sin debate oral, con un plazo de 60 días para que el condenado presente oposición y acceda a un procedimiento contradictorio.
En materia probatoria, la ley establece modificaciones sobre exclusiones y anticipos jurisdiccionales de prueba, y regula el uso de registros audiovisuales en determinadas situaciones.
El texto final dejó fuera algunas disposiciones controvertidas del proyecto original, como la posibilidad de que la Policía interrogara a personas imputadas bajo riesgo para terceros o la creación de zonas de intervención policial especial con facultades ampliadas para controles, requisas y arrestos prolongados.
Con esta sanción, la provincia busca actualizar el marco legal para responder a desafíos en seguridad pública, con un enfoque en la persecución penal y el control del sistema penitenciario.
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