SOFIA ZANOTTIJuan Carlos Arigoni, secretario Gremial e Interior de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), participó de Mano a Mano y realizó un amplio análisis sobre la actualidad de los empleados municipales, la negociación salarial y las nuevas problemáticas que atraviesan a los trabajadores y sus familias.
Uno de los principales temas de la entrevista fue la paritaria correspondiente al segundo semestre de 2026. Arigoni señaló que el sector llegó a esa negociación reclamando una recomposición que contemplara la pérdida registrada durante los primeros meses del año.
El acuerdo finalmente estableció un incremento del 11% para el segundo semestre, distribuido en un 5% en julio, 3% en septiembre y otro 3% en noviembre. Además, se reconoció un desfasaje inflacionario del 1,6% correspondiente al primer semestre. Estos datos coinciden con el acuerdo publicado oficialmente por FESTRAM.
Con ese esquema, el salario mínimo garantizado se ubicó en $1.053.000 en julio y está previsto que alcance los $1.112.250 en noviembre, sin contabilizar presentismo, horas extras y asignaciones familiares.
Durante la charla, Arigoni sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo modificó también el funcionamiento cotidiano de las organizaciones sindicales.
“Los gremios se convirtieron en una cuestión social”, expresó, al señalar que una parte importante de los recursos sindicales actualmente se destina a asistencia directa de los afiliados.
Según detalló, entre las prestaciones se encuentran bolsones de alimentos, medicamentos, elementos ortopédicos, ayuda escolar, traslados en remís y alojamiento para trabajadores que deben atenderse en Rosario.
Otro de los ejes abordados fue el crecimiento de los consumos problemáticos vinculados al alcohol, las drogas y, especialmente, el juego online.
Arigoni explicó que desde el ámbito sindical comenzaron a impulsar espacios de primera escucha y acompañamiento, buscando trabajar conjuntamente con municipios y comunas.
“No se trata de soltarle la mano al trabajador, sino de que alguien lo escuche y lo acompañe”, planteó.
El dirigente remarcó que estas situaciones adquieren una dimensión laboral cuando comienzan a afectar la asistencia, el rendimiento o la continuidad del trabajador en su puesto. Por ese motivo, consideró necesario intervenir antes de que la situación derive en sanciones o despidos.
La problemática también forma parte de la agenda provincial. Según datos difundidos por el Gobierno de Santa Fe, durante 2025 se abordaron 182.219 situaciones relacionadas con consumos problemáticos a través de la estructura provincial de prevención y asistencia.
Por otro lado, Arigoni afirmó que existe diálogo con intendentes y presidentes comunales de distintas localidades de la región, incluso cuando aparecen diferencias vinculadas a reclamos laborales o medidas gremiales.
En ese marco, consideró que sindicatos y gobiernos locales deben ampliar el trabajo conjunto para atender situaciones sociales que exceden estrictamente la discusión salarial.
La entrevista dejó así dos ejes centrales de la actualidad sindical: la pérdida de poder adquisitivo que continúa marcando las negociaciones salariales y una creciente demanda de asistencia social que, según Arigoni, obliga a los gremios a ampliar su intervención más allá de la representación laboral tradicional.
