El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aclaró este miércoles que Albertina Mangini, detenida en una causa que investiga una presunta maniobra financiera millonaria, no pertenece ni perteneció a su gobierno.
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, expresó Kicillof a través de su cuenta oficial en X.
La aclaración surgió después de que distintas informaciones identificaran a Mangini como una funcionaria vinculada a la administración provincial.
La abogada integra la Procuración General bonaerense y fue detenida el martes en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata.
Mangini está imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes relacionados con la presunta habitualidad de las operaciones y su condición de funcionaria pública.
Según la investigación, la organización habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos presuntamente provenientes del juego clandestino.
El monto investigado ascendería a unos $27.000 millones, aunque esa cifra forma parte de la investigación judicial y deberá ser determinada durante el avance de la causa.
También fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos domicilios de La Plata y Córdoba.
Durante los operativos se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo y un automóvil BMW.
La investigación también analiza posibles conexiones con otros expedientes relacionados con movimientos financieros y el fútbol. Uno de los involucrados aparece mencionado en una causa vinculada a una financiera relacionada con el entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Mangini y Perrota se negaron a declarar durante la indagatoria, mientras que Marchioni sostuvo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.
La Justicia continuará ahora con el análisis de documentación y elementos secuestrados para determinar cómo funcionaba la presunta organización, reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades de cada acusado.
