SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei inició el año político con una decisión clara: retomar la agenda original de su gestión y avanzar sin concesiones en los principales proyectos que marcaron el inicio de su mandato. La reforma laboral vuelve a ocupar el centro del escenario, con el envío al Congreso del texto original y sin modificaciones sustanciales.
En este marco, el diálogo con los gremios permanece virtualmente interrumpido. La Confederación General del Trabajo reconoce que el Gobierno está más cerca de aprobar la reforma que de sufrir un bloqueo total, aunque apuesta a introducir cambios a través de los gobernadores. Sin embargo, desde la Casa Rosada insisten en que no están habilitados cambios profundos y apuestan a una negociación limitada.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emerge como una figura clave en esta etapa. Además de encabezar las negociaciones parlamentarias, impulsa el relanzamiento de la llamada “batalla cultural”, con proyectos como la baja de la edad de punibilidad a 13 años y un endurecimiento del régimen penal juvenil. Según encuestas recientes, estas iniciativas cuentan con mayor respaldo social que la reforma laboral.
En el plano económico, el Gobierno también profundiza su perfil confrontativo con sectores empresariales. La disputa con Paolo Rocca y el grupo Techint marcó un punto de inflexión, al tiempo que surgieron tensiones con Mercado Pago por aspectos regulatorios incluidos en la reforma laboral. En paralelo, el ministro de Desregulación impulsa una nueva ola de privatizaciones y un recorte del 20% en la planta de empleados del Estado.
Con un Congreso fragmentado y una oposición atravesada por internas, el oficialismo apuesta a capitalizar su fortaleza política y avanzar con su programa sin dilaciones. La discusión parlamentaria de febrero será clave para definir si esta estrategia de confrontación logra traducirse en leyes concretas o abre nuevos focos de conflicto institucional.
