SOFIA ZANOTTI
Cuba atraviesa una crisis profunda que ya no se limita a lo económico y golpea de lleno la vida cotidiana de su población. Apagones prolongados, escasez de alimentos, deterioro urbano y un sistema de salud debilitado configuran un escenario de emergencia social que pone al régimen contra las cuerdas.
En ciudades como La Habana, los cortes de energía se volvieron parte de la rutina. La falta de electricidad afecta hogares, hospitales, comercios y el transporte público, mientras se interrumpe el bombeo de agua y la conservación de alimentos. Según especialistas, la crisis energética es hoy el eje central del colapso: sin combustible, el país no logra sostener su red eléctrica ni su actividad productiva.
El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la economía se encuentra “parcialmente paralizada” y que la generación eléctrica atraviesa un momento crítico. Cuba necesita alrededor de 110.000 barriles diarios de petróleo, pero produce menos de la mitad, lo que la obliga a depender de proveedores externos.
Durante años, Venezuela fue el principal sostén energético de la isla, aunque en la actualidad los envíos son muy inferiores a los del pasado. México y Rusia aparecen como abastecedores parciales, en un contexto cada vez más frágil por las sanciones y las dificultades financieras.
En este marco, Estados Unidos endureció su postura. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que habilita sanciones y aranceles a países que suministren combustible a Cuba, al considerar al régimen como una “amenaza extraordinaria” y denunciar violaciones a los derechos humanos.
La respuesta oficial desde La Habana fue inmediata. El gobierno reiteró su histórica consigna de “patria o muerte” y acusó a Washington de intentar asfixiar económicamente al país, aunque dejó abierta la posibilidad de un diálogo bajo condiciones estrictas.
El deterioro también encendió alarmas diplomáticas. Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación, una señal poco habitual que refleja la preocupación por un posible agravamiento del escenario interno.
A esto se suma un fenómeno sostenido de migración masiva. Miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, abandonan la isla en busca de mejores condiciones de vida, lo que profundiza la pérdida de capital humano y acelera el envejecimiento poblacional.
Pese a la crisis, la represión no se detuvo. Cuba cerró 2025 con más de 1.100 presos políticos, según organizaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y castigos físicos y psicológicos contra la disidencia.
Con servicios básicos al límite, escasez de combustible, presión internacional y una sociedad cada vez más agotada, la isla enfrenta un escenario de máxima vulnerabilidad. Para muchos analistas, el régimen no está ante una crisis pasajera, sino frente a una cuenta regresiva marcada por el colapso de la vida cotidiana.
