El Gobierno definió siete proyectos para las sesiones extraordinarias

El Ejecutivo convocó al Congreso del 10 al 30 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.

Política 09/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un conjunto de iniciativas fiscales, laborales, penales y ambientales. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 encabeza el listado. Según adelantó el Ejecutivo, el texto prevé un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, en línea con la estrategia de consolidación fiscal que impulsa la gestión.

Además del Presupuesto, el temario incluye la Ley de Inocencia Fiscal, que busca redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y restringir el financiamiento mediante emisión o endeudamiento.

En el plano laboral, el Gobierno incorporó un proyecto de Ley de Modernización Laboral que será enviado al Congreso en los próximos días. Según voceros oficiales, la iniciativa abordará regímenes especiales, modificaciones en esquemas de indemnización y ajustes en las modalidades de contratación, pasantías y nuevas formas de empleo.

El temario también contempla una reforma integral del Código Penal, cuyo envío fue comprometido por el Ejecutivo, con el objetivo de actualizar la normativa vigente.

Por otro lado, se incluyó la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Esta propuesta apunta a revisar la legislación actual para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión en zonas cordilleranas, especialmente vinculados a la actividad extractiva.

Con estos siete proyectos, el Gobierno buscará aprovechar su nueva mayoría parlamentaria para avanzar con un paquete de reformas que considera clave para la próxima etapa de gestión.

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