SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional aprobó la Política de Inteligencia Nacional mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Se trata del primer marco estratégico formal para el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en más de 20 años, y orientará el trabajo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sus organismos desconcentrados.
El documento, de 34 páginas, define los objetivos centrales del sistema y ordena a la SIDE elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional con acciones concretas. La medida llega en un contexto de cambios internos, luego de que el Gobierno anunciara una nueva cúpula para el organismo.
El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del SIN, al que califica con un “deterioro relevante” acumulado durante más de tres décadas. Entre los hechos mencionados como antecedentes se incluyen los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman. También se señala que las intervenciones recientes a la ex AFI implicaron “un retroceso institucional”.
La estructura actual de la SIDE queda integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
El documento detalla cinco intereses estratégicos: asegurar la soberanía, proteger la integridad territorial, defender la vida y derechos de los habitantes, fortalecer el sistema democrático y preservar los recursos estratégicos. Además, define diez lineamientos que marcarán la agenda de inteligencia en los próximos años.
Entre ellos se incluyen la disputa geopolítica global, la prevención de influencias externas, el fortalecimiento del poder nacional, la defensa de los intereses argentinos en Antártida y Atlántico Sur, y la protección de recursos naturales como el litio y el gas no convencional.
Otros ejes destacados son la ciberseguridad, el desarrollo de tecnologías de frontera —como inteligencia artificial y biotecnología—, y la vigilancia de redes terroristas transnacionales. En relación al crimen organizado, el texto lo describe como una “estructura de poder paralela” que aprovecha rutas estratégicas y circuitos informales en el país.
El último lineamiento se centra en la contrainteligencia, considerada fundamental para detectar interferencias, prevenir cooptaciones y resguardar los procesos estratégicos del Estado.
