SOFIA ZANOTTI
El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abrió un frente de consultas en el ámbito político. Gobernadores y legisladores de distintos espacios buscan acceder a los detalles del entendimiento para conocer su alcance real y definir si deberá ser tratado en el Congreso. Hasta el momento, en la Casa Rosada la información circula con extrema reserva.
Según confirmaron fuentes del oficialismo, solo el presidente Javier Milei, su equipo más cercano, el Ministerio de Economía y la Cancillería manejan la letra chica del pacto bilateral. Ni funcionarios de la mesa política ni representantes legislativos afirman haber recibido precisiones sobre el contenido.
El interés de los distintos sectores se intensificó en paralelo al inicio de la campaña del Gobierno para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con reformas estructurales. La incorporación del acuerdo comercial a la agenda legislativa sumaría un nuevo punto de negociación en un escenario ya complejo.
Una figura técnica de Diputados explicó que, para establecer si el pacto debe ser ratificado por el Congreso, es indispensable conocer cada cláusula. En varios distritos señalan que un eventual impacto sobre sectores sensibles podría requerir aprobación parlamentaria.
El entendimiento —presentado oficialmente por la Casa Blanca— se enmarca como un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. Entre sus ejes figuran la reducción de tarifas para determinadas industrias, el alineamiento de estándares técnicos, el fortalecimiento de la propiedad intelectual y la promoción de inversiones. La administración estadounidense destacó que se apoya en reformas ya adoptadas por Argentina.
Desde provincias aliadas al Gobierno se expresó una predisposición favorable, aunque con cautela. Consideran que una mayor apertura comercial y el acceso a nuevos mercados podría beneficiar a sectores como el cárnico, los recursos naturales y el farmacéutico. Sin embargo, el impacto podría ser distinto para la industria automotriz y las Pymes, principalmente ubicadas en grandes centros urbanos.
Esa posible tensión explica el interés del Ejecutivo por acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Según fuentes técnicas de la oposición, varias disposiciones del acuerdo requerirían modificaciones legales, especialmente en materia de propiedad intelectual, lo que haría difícil avanzar sin debate legislativo.
Mientras tanto, los gobernadores reclaman una instancia de diálogo para conocer los puntos que afectan a la economía regional. “Es difícil opinar cuando no están los detalles”, sostuvieron desde una de las provincias de mayor peso. La misma inquietud replicó en al menos diez jurisdicciones.
A la espera de definiciones, el acuerdo con Estados Unidos se convirtió en un nuevo eje de discusión en la política nacional, en un contexto de negociaciones que ya concentra la atención del Congreso y las provincias.
