LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional trabaja en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para introducir cambios profundos en el régimen migratorio argentino. La iniciativa incorpora mayores restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros, criterios más estrictos de expulsión y nuevas condiciones de acceso a salud y educación.
Según fuentes oficiales, el proyecto contempla la creación de una Agencia de Ciudadanía por Inversión, un organismo que permitirá acceder a la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones superiores a los 500 mil dólares, siguiendo modelos utilizados en países como Estados Unidos.
En materia sanitaria, el esquema prevé que los extranjeros sin residencia permanente deberán contar con seguro médico obligatorio. Quienes no lo tengan deberán pagar por adelantado la atención en hospitales públicos. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca ordenar costos y garantizar la disponibilidad de los servicios.
En educación, las universidades nacionales quedarán habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, aunque se mantiene garantizado el acceso gratuito a la educación obligatoria para niños, niñas y adolescentes.
El DNU también endurece los criterios de expulsión y denegación de ingreso. Entre las causales figuran antecedentes penales, documentación irregular y la imposibilidad de demostrar un empleo formal o medios de subsistencia. El Gobierno afirma que estos cambios pretenden “ordenar el sistema migratorio” y evitar lo que consideran abusos en el uso de recursos públicos.
La propuesta genera debate en sectores políticos, académicos y organizaciones vinculadas a derechos humanos, que esperan conocer el texto definitivo para evaluar su alcance.
