SOFIA ZANOTTI
En la madrugada de este jueves, el Gobierno nacional oficializó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N° 651/2025 y devuelve el proyecto al Congreso, donde podría ser tratado nuevamente por ambas cámaras.
La norma había sido sancionada el 22 de agosto con un amplio respaldo: 62 votos a favor y 8 en contra en el Senado. El texto establecía la recomposición inmediata de salarios para el personal de salud que atiende población pediátrica, una asignación prioritaria de recursos para medicamentos, insumos críticos, vacunas, infraestructura y la declaración del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
Desde el Gobierno argumentaron que la ley “carece de financiamiento genuino” y que su implementación “erosionaría la coparticipación federal y pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria”. También cuestionaron la exención de Ganancias para trabajadores de la salud, lo que —según estimaciones oficiales— significaría una pérdida de más de $115.000 millones en ingresos para el Tesoro Nacional.
El proyecto surgió como respuesta al reclamo sostenido por trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones sanitarias que venían advirtiendo sobre la falta de recursos y la necesidad de mejorar las condiciones laborales en pediatría. Tras el veto, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir en su aprobación con mayoría especial.
Este rechazo se suma al veto presidencial aplicado un día antes a la Ley de Financiamiento Universitario, profundizando la tensión entre el Ejecutivo y la oposición, así como con sectores clave de la educación y la salud.
