SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795 de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La medida quedó oficializada este miércoles 10 de septiembre a través del Decreto 647/2025, firmado por el presidente Javier Milei.
La norma impulsada por la oposición planteaba un esquema integral de financiamiento para las universidades públicas, con partidas específicas destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”. El objetivo era garantizar la permanencia estudiantil, actualizar salarios de docentes y no docentes, ampliar la oferta académica, fortalecer la investigación y aumentar la inversión en becas e infraestructura.
Además, establecía una actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir del 1° de enero de 2025, ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El veto presidencial se fundamenta en la decisión del Poder Ejecutivo de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera una “intromisión” en sus facultades para administrar los recursos del Estado.
La resolución anticipa un nuevo escenario de conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario, que desde hace meses reclama un refuerzo presupuestario para garantizar el normal desarrollo de sus actividades, así como con la oposición parlamentaria que promovió la iniciativa.
