SOFIA ZANOTTI
El Partido Justicialista (PJ) gobierna la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 1987, con la única interrupción de María Eugenia Vidal (PRO) entre 2015 y 2019. En este período, el PJ ha mantenido las mayorías necesarias en la Legislatura Bonaerense para la designación de jueces.
En el esquema provincial, los magistrados son propuestos por el gobernador a partir de una terna vinculante enviada por el Consejo de la Magistratura, órgano que históricamente cuenta con mayoría kirchnerista. Este consejo selecciona a los candidatos mediante concursos y evaluaciones, aunque el Ejecutivo puede designar a cualquiera de los propuestos, independientemente del puntaje obtenido.
La última etapa corresponde al Senado bonaerense, que también suele contar con mayoría justicialista, encargado de aprobar o rechazar los nombramientos en sesión pública. Este circuito ha permitido al oficialismo provincial conservar influencia directa sobre el Poder Judicial.
En 2023, la Suprema Corte bonaerense solicitó al Ejecutivo y Legislativo la creación de nuevos órganos judiciales en distintas jurisdicciones y la designación de jueces para cargos ya creados pero sin funcionamiento. Entre ellos se encuentran Juzgados de Garantías, Correccionales, de Ejecución, Tribunales Orales, Cámaras Penales, de Familia, Contencioso Administrativos y del Trabajo, distribuidos en varias ciudades de la provincia.
Con este esquema, el gobierno provincial mantiene un control institucional sobre el sistema judicial, con capacidad de designar magistrados y de expandir la estructura judicial según sus decisiones políticas.
