Tensión en Comercio: el Gobierno interviene en la paritaria y busca frenar aumentos salariales

El conflicto salarial en el sector comercial sumó un nuevo capítulo este viernes por la noche, cuando el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo —dependiente del Ministerio de Capital Humano—, anunció su intervención en el reciente acuerdo paritario celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

El convenio, firmado a fines de abril, establecía un aumento escalonado del 5,4% distribuido entre abril (1,9%), mayo (1,8%) y junio (1,7%), además de sumas fijas no remunerativas por un total de $115.000. Con esta actualización, el salario básico de un trabajador de comercio con presentismo pasaría a ser de $1.123.000.

Sin embargo, el Gobierno, que ha manifestado públicamente su intención de contener la inflación con una política de "desindexación", solicitó revisar el acuerdo y propuso que las subas salariales no superen el 1% mensual.

“La Secretaría se encuentra en pleno análisis de la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio”, señala el comunicado oficial. Además, se adelantó que se convocará a las partes para renegociar los términos acordados.

La respuesta sindical no se hizo esperar. El Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal realizó una masiva asamblea de delegados, donde se resolvió declarar el estado de alerta y comenzar con asambleas informativas en los lugares de trabajo.

Desde FAECYS remarcaron que el acta firmada incluye una cláusula que garantiza su aplicación inmediata, incluso en ausencia de homologación. El artículo décimo del acuerdo establece que los empleadores deberán abonar los incrementos de forma anticipada con carácter "a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025", el cual será reemplazado y compensado tras su homologación.

La medida oficial, vista como una intromisión por parte del sindicato, reabre el debate sobre el rol del Estado en los acuerdos entre partes privadas y pone en tensión la relación entre el Gobierno y los gremios, en un contexto económico marcado por la inflación persistente y la caída del poder adquisitivo.