SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei ha acelerado la implementación de un nuevo sistema destinado a pagar las deudas que la Nación mantiene con las provincias. Este plan, denominado Régimen de Reparación Federal, se pondrá en marcha mediante el pago “en especias”, lo que significa que, en lugar de transferir efectivo, el gobierno transferirá terrenos y activos, un movimiento diseñado para aliviar las arcos fiscales sin impactar directamente. en el Tesoro Nacional.
La decisión de Milei se produce en un contexto político complejo, donde la contención de los gobernadores es esencial para fortalecer su posición en el Congreso. Tras diversas reuniones con mandatarios provinciales, se decidió avanzar con un mecanismo que permita a las provincias acceder a fondos sin incrementar el déficit. Sin embargo, las provincias aún no han dado su visto bueno y han expresado preocupación respecto a los plazos limitados propuestos para la adhesión al nuevo sistema.
El diseño del plan estuvo a cargo de Santiago Caputo, asesor del presidente, junto con el equipo del Ministerio de Hacienda, que se encargó de estructurar los aspectos financieros. Aunque el Régimen se ha discutido informalmente durante semanas, varios distritos, como Santa Fe, se muestran reticentes y prefieren conocer los detalles antes de comprometerse.
Durante una reciente conferencia de prensa, Lisandro Catalán, responsable de la implementación del régimen, destacó que el objetivo es facilitar el saneamiento de las cuentas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno también busca utilizar esta medida como una forma de deshacerse de activos que generan costos continuos, transformando así la estrategia en una solución tanto política como económica.
Los gobernadores tendrán 30 días hábiles para decidir sobre su participación y otros 30 para presentar la documentación necesaria. La medida se plantea como un "clearing" financiero, donde las provincias recibirán propiedades, empresas o rutas en lugar de efectivo, lo que podría ayudar a la Nación a evitar la emisión de deuda pública.
Este enfoque innovador plantea un dilema para los mandatarios provinciales: aceptar un alivio inmediato de sus deudas a cambio de activos que pueden no resultarles convenientes a largo plazo. Mientras tanto, el gobierno reafirma que quienes no desean participar se atienen a las consecuencias, intensificando la presión sobre los líderes provinciales para que acepten la nueva oferta.
