SOFIA ZANOTTI
En el marco del Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional organizado por Transparencia Internacional en Madrid, el fiscal federal Diego Luciani llevó un mensaje claro sobre la necesidad de que la Justicia argentina actúe enérgicamente contra la corrupción. “La Justicia no puede ser garantía de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas, y esas condenas tienen que quedar firmes”, enfatizó Luciani, quien lideró la acusación en el caso Vialidad, donde la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude administrativo.
La sentencia, que aún está bajo revisión por la Cámara de Casación Penal , incluye la inhabilitación perpetua de Kirchner para ejercer cargos públicos. La fecha de una decisión definitiva se espera para el 13 de noviembre . Luciani destacó la importancia de que las condenas no solo se impongan, sino que también incluyan la devolución de los bienes que fueron robados al Estado. “Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa, y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado”, argumentó.
El fiscal no se detuvo ahí. También criticó el sistema de control en Argentina, calificándolo como un mecanismo que favorece a los corruptos. Según Luciani, este contexto ha empeorado con la administración de Alberto Fernández , quien, al asumir la presidencia, modificó el rol de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera , debilitando así su capacidad de actuar como querellantes en casos de corrupción.
Durante su intervención, Luciani también compartió sus experiencias personales, denunciando las presiones que sufrió durante el juicio. Grabó un episodio en el que Fernández insinuó un destino trágico similar al del fiscal Alberto Nisman . “Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron, ¿qué pasó?”, expresó Luciani, mostrando la carga emocional que ha llevado en su lucha contra la corrupción.
Finalmente, el fiscal dejó un mensaje de reflexión para la sociedad argentina: “Las instituciones y los ciudadanos deben exigir que los bienes robados vuelvan al patrimonio público”. Luciani enfatizó que el objetivo no es solo enviar una prisión a los responsables, sino también restaurar la confianza en las instituciones.
