Comenzó la audiencia imputativa a unas 30 personas que integran la banda liderada por Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, a quienes se les adjudican los delitos de asociación ilícita, hechos de homicidios y extorsión, balaceras contra sindicatos, comercios y fábricas, desde 2021 hasta la actualidad. La cabeza de la organización operaba desde la cárcel de Ezeiza y tenía base en Villa Gobernador Gálvez.

“Venimos a exponer el concepto de bandas polirrubro que ya no se dedican solamente a la droga, es decir a la actividad de narcomenudeo, sino que quieren ingresar a otros emprendimientos, a cuestiones políticas y sindicales, y tratar de sacar ya no solo plata sino también espacios de poder compitiendo con el Estado”, explicó a la prensa la fiscal Valeria Haurigot, una de las siete fiscales a cargo de las múltiples imputaciones.

A continuación, el fiscal Franco Carbone detalló que son 47 los hechos delictivos cometidos por distintos miembros de esta estructura criminal y son más de 30 las personas imputadas. “Eran lideradas por la figura de Avalle desde marzo de 2021. Cometían extorsiones e intimidaciones a bares, boliches, empresas y fábricas que continúan hasta la actualidad”, expresó.

El fiscal Adrián Spelta sumó que los integrantes de la banda “están mezclados en la barra de Newell's y de Coronel Aguirre, ”y quieren meterse en los negocios legales de distintos sindicatos a través del apriete y extorsión", en tanto que aseguró que los afiliados “son víctimas” de este accionar.

“La cabeza de todo esto era Avalle pero uno de sus laderos más importantes era el señor (Carlos) Solís, quien en una suerte de traición lo que hace es empezar el negocio de forma independiente”, indicó y mencionó que se trata de personas que se encuentran privadas de la libertad “desde hace muchísimos meses”.

Un caso paradigmático de estos chantajes que terminó en homicidio fue la serie de extorsiones mafiosas contra Burguer House, un negocio gastronómico de Villa Gobernador Gálvez que venía sufriendo aprietes y balaceras a medida que sus dueños accedieron a realizar pagos regulares para poder trabajar. Según los fiscales, Solís quiso sacar una tajada individual de ese chantaje y pretendió cobrarle por su cuenta. Ante la negativa de la familia comerciante a pagar otra extorsión además de la que ya pagaba, el local fue baleado en mayo de este año. En esa balacera cayó muerto uno de los cadetes que hacían delivery desde allí: Hugo Villán, de 45 años.