El principal punto de discordia gira en torno a la negativa del mandatario a otorgar el incremento salarial solicitado, y la demanda de una pericia psiquiátrica por parte del gremio a Meyer ha generado controversia. Según Juan Arigoni , él es el único que se niega a pagar lo exigido, lo cual ha generado aún más tensión y descontento entre los trabajadores. "Él quiere que los trabajadores devuelvan todas las horas trabajadas, pero no se puede trabajar gratis; se debe pagar lo que corresponde", declaró Arigoni que es uno de los representantes sindicales de los trabajadores. El conflicto ha escalado a tal punto que se han realizado cortes de ruta para exigir una solución, pero las respuestas por parte del Estado provincial han sido escasas.

Los trabajadores sostienen que no les queda otra opción más que manifestarse en las calles para que se respeten sus derechos y que no se les obligue a trabajar sin remuneración. La tensión y la violencia en la zona han aumentado en los últimos días. Los trabajadores acusan a Meyer de rodearse de efectivos policiales y de utilizar la fuerza para reprimir las protestas legítimas. Además, denuncian que se han tomado medidas para cortar servicios básicos, como el suministro de gas y electricidad, dejando en una situación precaria a varias familias de la comunidad. Por su parte, las autoridades gubernamentales no han dado señales claras de querer resolver el conflicto de forma pacífica.

Las negociaciones no avanzan, y la situación podría empeorar si no se toman medidas concretas para dar una solución justa y equitativa a los trabajadores. Meyer ha sido señalado como el responsable de la crisis y se le acusa de no estar en sus cabales debido a su negativa de dialogar con los trabajadores y de tomar decisiones que afectan gravemente a la comunidad.

"Estamos luchando contra una persona que no está en sus cabales, que se resguarda rodeado de policías y confronta a la fuerza pública con los trabajadores", afirmó Juan. En el contexto político y social actual, la situación de Las Rosas no es un caso aislado, sino que refleja las tensiones y dificultades que atraviesan muchos trabajadores en el país.

La falta de diálogo y la negativa a reconocer los derechos laborales constitucionales agravan la situación y ponen en riesgo la paz social en la región. Ante este escenario, se espera que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto y busquen una solución justa y equitativa para resolver el conflicto. La lucha por los derechos de los trabajadores no debe ser ignorada, y es responsabilidad de todos los sectores velar por la dignidad y bienestar de la población.

El futuro de Las Rosas está en juego, y el desenlace de este conflicto podría tener repercusiones en el resto del país. La necesidad de un diálogo constructivo y un compromiso real con el bienestar de los trabajadores se hacen cada vez más urgentes para evitar que la situación llegue a un punto de no retorno.