Un ex preso demanda a Nordelta por supuesto fraude en inversiones inmobiliarias

Un ciudadano colombiano que estuvo preso durante tres años por una causa de narcolavado inició una demanda civil por supuesto fraude en inversiones inmobiliarias por alrededor de 5 millones de dólares contra personas físicas y jurídicas entre las que resalta Eduardo Costantini, dueño de Consultatio, la desarrolladora de Nordelta.
 
 
El denunciante presentó en su defensa a Daniel Llermanos, de exjuez y penalista asesor de Hugo Moyano, y a Gabriel Len, abogado de la empresa de recolección de residuos Covelia.

Jesús Antonio Yepes Gaviria había sido detenido en octubre de 2013 junto a su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, en la casa que compartían en el barrio Los Castores, de Nordelta, como parte de una investigación sobre una banda de narcos.

Al no hallar elementos que vincularan a Yapes Gaviria con el tráfico de drogas, fue procesado por el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, por lavado de dinero hasta que en 2015 dictó su sobreseimiento y un año más tarde quedó en libertad.

Yapes Gaviria se presentó la semana pasada ante la Justicia civil como denunciante por supuesto “incumplimiento de contrato, escrituración, daños y perjuicios y daño moral” con el argumento de que a partir de 2013 participó como inversor del emprendimiento Complejo Bahía Grande para adquirir una decena de locales y departamentos. Denuncia que, al cabo de las obras, sólo obtuvo a cambio una mínima parte de los inmuebles comprometidos.

En ese sentido, Eduardo Costantini dijo haberse enterado esta martes de la denuncia a partir de la nota publicada en ámbito.com y sostuvo que “Nordelta no tiene nada que ver” con las acusaciones.

Según el empresario, Consultatio vendió hasta ahora “cerca de un millón de metros cuadrados a desarrolladores y sólo unos pocos han tenido problemas financieros”. “En este caso vendimos un terreno y esta persona habrá entrado en una preventa a cargo de la desarrolladora de una obra que no se terminó. Nosotros no tenemos nada que ver, es un caso muy particular que será dirimido por la Justicia”, precisó Costantini.

Por el contrario, el abogado Daniel Llermanos expuso que “Consultatio SA y el empresario Eduardo Constantini son apenas dos de las veinte personas jurídicas y físicas convocadas a mediación judicial. Entre los otros imputados están Walter Mosca (conocido arquitecto de Nordelta y también investigado en su momento por presunto narcolavado), Marcelo Macagno, Cristian Rojo (socios de Mosca), Complejo Bahía Grande, Consorcio Edificio Estudios, y Property Managers, entre muchos otros”.

Los abogados de Yepes Gaviria sostuvieron que los negocios de los últimos años en Nordelta convirtieron a ese complejo de barrios en “un monumento a la evasión”.

Llermanos, incluso, alegó que su defendido habría sido “víctima de lawfare para defraudarlo” mediante un “injusto proceso por narcotráfico del que fue absuelto luego de tres años de prisión”.

Según Yepes Gaviria, de los 5,5 millones de dólares que ingresó al blanqueo de capitales utilizó la mayor parte en inversiones inmobiliarias desde pozo que figuraban en la cartelería de Nordelta a disposición de los vecinos mediante los canales de comercialización reconocidos y habituales para los propietarios de esos complejos.

El negocio había arrancado en 2009 con un acuerdo marco que devino en la adquisición por parte de Complejo Bahía Grande de un terreno de 12 mil metros cuadrados a Nordelta para la construcción de edificios de departamentos y otros emprendimientos inmobiliarios. “Todo ese gigantesco predio fue vendido por la absurda suma de u$s50 mil que supuestamente pagaron entre seis personas”, apuntó Llermanos.

Los denunciantes señalaron en el escrito judicial que aquella operación que se concretó a través de un boleto de compraventa –sin escritura- derivó entre 2014 y 2015 en la quiebra de Complejo Bahía Grande Sociedad Anónima, el impulsor del proyecto.

También destacaron que hace un mes el terreno apareció escriturado a favor de un fideicomiso Custodia y Escrituración del Edificio Estudio de Bahía Grande a nombre de varios de los denunciados y sin la participación ni la consulta de Yepes Gaviria.

El denunciante sospecha que varios de los inversores originales se habrían constituido en una nueva sociedad tras la quiebra de la desarrolladora, supuestamente con el aval de Nordelta, para apropiarse de las unidades construidas en el emprendimiento sin pasar por el juez que tramitó la causa comercial. Los abogados de Yepes Gaviria los denominan “okupas vip” e incluso sostienen que “poseen títulos posiblemente fraudulentos por falsedad ideológica” como parte de una presunta “maniobra para evadir y lavar dinero”, agregó Llermanos.