Un empleado del Ministerio de Seguridad y un policía presos por préstamos ilegales

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos continúa con las investigaciones por los préstamos usureros de dinero, amenazas y coacciones. Por esa razón, dos personas quedaron en prisión preventiva en una audiencia desarrollada el día viernes en los tribunales de Santa Fe. Los detenidos fueron identificados como Héctor (58) y Pablo Caparrós (34), y ambos son defendidos por el abogado particular Ramiro Díaz Duarte.
  

El primero de ellos es un empleado público que se desempeña como ordenanza en el Ministerio de Seguridad de la provincia, y fue detenido el miércoles. Aire Digital pudo saber que también se detectó que esta persona era propietario de por lo menos dos geriátricos que funcionaban sin habilitación, y que fueron allanados el miércoles en horas del mediodía. En tanto, el otro detenido es un personal policial.

 Los dos imputados quedaron en prisión preventiva (acusados de usura, amenazas y tenencia de armas) por orden del juez Sergio Carraro que homologó el acuerdo que hicieron la fiscal y defensa. 

 En torno a los hechos investigados, fuentes judiciales indicaron que el hombre de 58 años cometía los ilícitos desde 2007, mientras que se hijo había comenzado en 2016. En este sentido, aprovechándose de la necesidad de las víctimas, los acusados prestaban dinero y luego les exigían el pago con intereses desproporcionados.

 En efecto, las víctimas debían devolver las sumas de dinero en cuotas mensuales. Además, les hacían otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, como pagarés en blanco.

 La investigación también detectó que el empleado del Ministerio de Seguridad aprovechaba su función laboral para intimidar y coaccionar a sus víctimas. tras manifestarle a las víctimas que era "un importante funcionario provincial de alto rango institucional, poderoso y con fuertes influencias policiales y políticas”.

 En tanto, su hijo –que presta funciones en la división Asuntos Juveniles de la Unidad Regional Uno de la policía provincial–fue acusado de malversación de caudales públicos por haber sustraído el teléfono celular de un hombre que fue trasladado en calidad de detenido a la seccional Séptima.

 Tras los procedimientos efectuados por el personal del Organismo de Investigaciones, la pesquisa secuestró dos armas de fuego aptas para el disparo; cerca de 3 millones de pesos argentinos, 5 mil dólares y euros y reales; dos automóviles; 350 pagarés firmados en blanco por distintas personas; cinco tarjetas de débito de terceros y gran cantidad de documentación vinculada a los préstamos usurarios.