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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó circuito de corrupción que complica a varios intendentes e incluso la Legislatura provincial
País25/07/2018
Oscar A Canavese

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un circuito de corrupción con facturas truchas que complica a varios intendentes y ex intendentes de Catamarca, e incluso a diputados y senadores de la Legislatura provincial. Ahora la AFIP reclama una deuda millonaria que destapó una olla podrida pues la maniobra fue utilizada por años para dibujar números de varias instituciones.
Carlos Uslenghi y Pablo Vega abogados de Carlos Moreno comentaron que al ex monotributista “alguien” le dio de “alta” en reiteradas oportunidades para seguir facturando bajo el nombre de fantasía “KM” a los municipios de Tinogasta, Recreo, Las Juntas, Hualfín, Antofagasta de la Sierra, hasta la Legislatura (Diputados y Senadores). Moreno reconoce que al principio prestaba facturas pero que luego perdió el control del trámite contable al dejarlo en manos de la ex funcionaria de Hacienda de la municipalidad de Tinogasta, María de los Milagros Martínez en la época del intendente Hugo Daniel “Grillo” Ávila, actual diputado por el Frente kirchnerista “Unidad Ciudadana”.
Moreno siguió siendo proveedor del Estado sin saberlo por lo que fue una sorpresa cuando le notificaron que lo cambiaban de categoría como monotributista. Le reclamó a Martínez y la contadora contestó que “se quede tranquilo” porque “ella se ocuparía”. Este año, la AFIP se hizo presente en el domicilio de Moreno para exigirle el pago de una deuda millonaria y notificarlo que estaba calificado como “contribuyente no confiable” debido a las irregularidades detectadas. Los inspectores pensaron encontrarse con una mansión, pero se dieron con que el sujeto vive en la pobreza, y para peor, enfermo.
El doctor Uslenghi sostuvo que ya se pidió formalmente al Tribunal de Cuentas que verifique si existen facturas a nombre de Carlos Moreno para cruzar datos con otros municipios e instituciones porque si bien se habla de una estafa millonaria al Estado aún se desconoce cuántos talonarios se imprimieron, monto y número de facturas que circularon en toda la provincia, en tanto también se advirtió que se solicitará pericia caligráfica para determinar quién o quiénes materializaban este delito administrativo.
Quienes se aprovecharon de la vulnerabilidad del sistema se olvidaron de pagar los tributos y por ese pequeño detalle saltó el escándalo, de lo contrario tal vez jamás se hubiera hecho público. Uno de los mencionados, el diputado Hugo Ávila, aseguró que la denuncia de Moreno es una operación política para perjudicarlo.
La contadora Martínez se encargaba de completar las facturas de Moreno y hacer las gestiones ante la AFIP y Rentas de la Provincia. Por su parte Moreno (perseguido hoy por el fisco) admite haber firmado 5 o 6 facturas por bienes o servicios que no prestó a pedido de la ex funcionaria tinogasteña, pero desconoce el resto de facturación por lo que radicó una denuncia penal para deslindar responsabilidades. De todas formas, se estima que el caso caerá en la órbita de la Fiscalía de Delitos Especiales contra el Estado porque involucra a organismos oficiales.
La cuestión es que existía una suerte de “estudio itinerante” con profesionales en la materia que tomó luego contacto con intendentes, diputados y senadores con el objeto de “ofrecerles el servicio” de facturas truchas para justificar gastos de la caja chica que, por los años y la cantidad de instituciones alcanzadas, representa un gran agujero negro en la historia de las instituciones catamarqueñas.
¿Irá a fondo la justicia o todo quedará en la nada?
Se ve que es grave la cosa, porque son muchos los “asustados”.
Por Juan Carlos Andrada
Especial para El Intransigente

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