Una investigación judicial desarticuló una organización que operaba desde tres cárceles bonaerenses para estafar a adultos mayores y coordinar entraderas con grupos en libertad. Los allanamientos simultáneos permitieron secuestrar ocho celulares, tarjetas SIM y anotaciones con nombres y teléfonos de posibles víctimas.
La pesquisa ubicó el centro de las comunicaciones en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos y detectó conexiones con las unidades N° 15 y N° 44 de Batán. Según explicó el fiscal Mariano Moyano, titular de la Fiscalía N° 13 de Mar del Plata, en una entrevista con Cadena 3, un solo aparato registró 19.800 llamadas entre marzo y el 20 de octubre y tuvo activadas 11 tarjetas de telefonía.
Todavía no se determinó cuántas personas fueron estafadas ni cuánto dinero obtuvo la organización. Los destinos de las comunicaciones incluían localidades bonaerenses, Rosario y distintos puntos de Neuquén, Mendoza, Córdoba y Tierra del Fuego. Se investiga si existían otras células que concretaban las maniobras fuera de Mar del Plata.
Los investigadores señalaron como principal encargado de los llamados a Hugo Miguel, alias “El Gitano”, de 62 años, alojado en Olmos y condenado a 30 años de prisión por homicidio. Según la investigación, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba reunían desde Batán información sobre potenciales víctimas y su patrimonio, que luego transmitían a Olmos.
Los engaños seguían dos modalidades principales. En una, los autores afirmaban que un familiar estaba detenido por atropellar a una mujer embarazada y exigían una supuesta fianza. En otra, se hacían pasar por hijos o sobrinos y advertían sobre un anuncio económico que obligaría a cambiar los dólares ahorrados. Después enviaban a alguien a retirar el efectivo.
La estructura también recurría a grupos que se presentaban como policías o ingresaban por la fuerza. Dos episodios del 7 y el 8 de julio en Mar del Plata permitieron avanzar en la pesquisa: en el primero, una mujer recibió un llamado de un supuesto fiscal mientras un grupo se dirigía a su casa, donde robó dinero y objetos de valor. Al día siguiente, otro hombre sospechó, cerró la puerta y avisó a las autoridades, por lo que el robo no se concretó.
Entre los ataques investigados figura el de una mujer de 70 años, maniatada y golpeada en una vivienda de la calle Artigas. Los agresores le provocaron cortes en los pies y huyeron con $600.000. Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio; el peritaje de su teléfono ayudó a reconstruir la organización.
Moyano indicó que solicitó detener a tres personas que estaban en libertad cuando ocurrieron los episodios de julio. También planteó investigar una posible complicidad penitenciaria, aún no confirmada: señaló que las conversaciones prolongadas y sin ruidos de fondo generan interrogantes sobre dónde se realizaban y cómo eludían los controles. El fiscal reclamó prohibir el uso de celulares en los penales y aclaró que la investigación está en una etapa inicial.
