Lorena acosta
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles 28 de octubre un acto de ascensos del Servicio Penitenciario provincial y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Durante la ceremonia, defendió las medidas de seguridad implementadas desde el inicio de su gestión, cuestionó decisiones de sectores judiciales y aseguró que en la provincia, desde diciembre de 2023, "manda la ley y el orden".
La actividad se desarrolló en el Estadio Invencible de la ciudad capital, con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, entre otras autoridades.
En total, 300 integrantes del Servicio Penitenciario fueron promovidos al grado inmediato superior mediante el Decreto Provincial Nº 1902, firmado el 15 de septiembre de 2026. Los ascensos tienen vigencia desde el 1 de enero de este año.
También se formalizaron promociones del personal permanente del IAPIP, establecidas por el Decreto Nº 1935, del 16 de septiembre, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025.
Durante su discurso, el mandatario reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad y vinculó las políticas desarrolladas por su administración con la disminución de los índices de violencia.
Según las cifras expuestas por Pullaro, a esta altura del año se registraron 128 homicidios en la provincia, frente a los 344 contabilizados en el período equivalente de tres años atrás.
El gobernador sostuvo que se trata de uno de los registros más bajos de las últimas décadas y señaló que sería necesario remontarse a 1996 para encontrar indicadores similares. Los datos fueron presentados por el Ejecutivo provincial y no se acompañaron en el comunicado con las series estadísticas utilizadas para la comparación.
Otro de los ejes del discurso fue la ampliación de la infraestructura carcelaria.
Pullaro afirmó que su administración lleva adelante una inversión histórica en establecimientos penitenciarios y mencionó un programa de cinco nuevas cárceles con capacidad proyectada de 3.700 celdas.
Además, sostuvo que el objetivo es alcanzar la construcción de 4.000 celdas adicionales durante los cuatro años de gestión.
El mandatario explicó que la estrategia busca impedir que organizaciones delictivas continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
"Quien controla la cárcel, controla la calle", expresó al fundamentar las medidas de control.
En otro tramo de su intervención, Pullaro criticó lo que denominó "garantismo bobo" y "justicia ingenua", al considerar que determinadas decisiones judiciales dificultaron el control de personas privadas de la libertad.
Recordó situaciones de su etapa como ministro de Seguridad, cuando se produjeron conflictos judiciales relacionados con restricciones dentro de las cárceles y la presentación de recursos de hábeas corpus.
Las críticas estuvieron dirigidas a sectores del sistema judicial, aunque el gobernador no identificó en el discurso difundido a funcionarios concretos. El comunicado oficial tampoco incorporó respuestas del Poder Judicial a esos cuestionamientos.
Hacia el cierre, Pullaro reconoció que las organizaciones criminales continúan operando y que los resultados alcanzados no implican la desaparición de esas estructuras.
Sostuvo que actualmente se encuentran contenidas, pero advirtió que será necesario mantener las políticas de seguridad y control penitenciario.
Finalmente, afirmó que la Provincia continuará con su estrategia de seguridad pública dentro del marco de las garantías constitucionales y reiteró que, desde el 10 de diciembre de 2023, en Santa Fe "manda la ley y el orden".
