El Senado debatirá el próximo jueves el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La propuesta, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, forma parte del paquete legislativo que el oficialismo busca aprobar junto con una treintena de pliegos judiciales.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los topes que actualmente limitan la adquisición de campos por parte de extranjeros. Sin embargo, el proyecto mantiene restricciones para los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera.
En esos casos, la compra solo podrá concretarse con la autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Si el terreno está ubicado en una zona de frontera, será obligatorio contar con ambas aprobaciones.
Además, la iniciativa incorpora el denominado "silencio administrativo". Esto significa que, si en un plazo de 180 días ni la Nación ni la provincia presentan objeciones, la operación quedará automáticamente autorizada.
El proyecto también establece un procedimiento de desalojo rápido para inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble si el propietario acredita de manera documental su derecho.
Para los alquileres, la iniciativa dispone que el propietario deberá intimar previamente al inquilino mediante carta documento o correo electrónico y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar el proceso judicial.
Cuando existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una solución habitacional transitoria.
En materia de expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá justificarse de manera estricta y fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante.
También modifica la Ley de Manejo del Fuego. Propone eliminar la prohibición de cambiar el uso de los terrenos agropecuarios incendiados, aunque mantiene la restricción de 60 años para bosques nativos y humedales.
El proyecto ya había sido postergado en oportunidades anteriores por falta de consenso político y de quórum, por lo que el oficialismo intentará conseguir los votos necesarios para convertirlo en ley durante la sesión prevista para el jueves.
