El Gobierno estudia cambios electorales para 2027

Respaldado por las recientes victorias parlamentarias, el gobierno de Javier Milei comenzó a evaluar una posible reforma electoral con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. Aunque no hay definiciones formales, en la Casa Rosada ya se produjeron intercambios iniciales dentro de la denominada Mesa Política.

Según trascendió, el oficialismo considera que las reformas estructurales deben seguir una secuencia. Primero la laboral, luego la impositiva y, más adelante, una eventual reforma previsional. Sin embargo, para sostener ese rumbo, el espacio libertario entiende que necesita consolidar poder político en las urnas.

En ese contexto, comenzaron a discutirse cambios que exceden lo económico y apuntan directamente al sistema electoral. Entre las propuestas que generan mayor interés aparecen tres ejes: la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y ajustes en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP).

Actualmente, las PASO siguen contempladas para 2027, ya que en 2025 solo fueron suspendidas de manera excepcional. El proyecto original que impulsaba su eliminación no logró el respaldo suficiente en el Congreso. Ahora, con una expectativa de mayor volumen legislativo, el oficialismo podría volver a intentarlo.

Desde el Gobierno argumentan que las primarias implican un costo fiscal significativo y que no resultan necesarias para una fuerza política con conducción centralizada, donde la definición de candidaturas recae en la presidenta partidaria, Karina Milei. Además, sostienen que suprimir esa instancia obligaría a la oposición a ordenar sus alianzas directamente para la elección general.

Otro punto en análisis es incorporar en la BUP un casillero que permita votar lista completa con una sola marca. En 2027, todos los distritos elegirán Presidente y Vicepresidente, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, y en ocho provincias también senadores nacionales, por lo que la boleta será más extensa que en los comicios legislativos anteriores.

En paralelo, vuelve a mencionarse la reforma del financiamiento partidario. La propuesta presentada en 2024 planteaba eliminar los aportes extraordinarios del Estado para campañas electorales, manteniendo únicamente el Fondo Partidario Permanente. El objetivo sería avanzar hacia un esquema con mayor peso de aportes privados.

También se estudian cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Entre ellos, elevar los requisitos de afiliación y representación territorial para la conformación de fuerzas nacionales, así como endurecer las condiciones de caducidad. La intención oficial es reducir la fragmentación del sistema y disminuir la cantidad de partidos habilitados.

Por ahora, se trata de conversaciones preliminares sin proyecto formal ingresado al Congreso. Sin embargo, en el entorno presidencial reconocen que la discusión sobre una reforma política podría comenzar durante el próximo período de sesiones ordinarias.